Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa

Churumuco, Mich., a 4 de julio de 2026. El hartazgo comienza a transformarse en una advertencia. Habitantes de Churumuco que aseguran haber sido víctimas de extorsión, amenazas y desplazamiento forzado lanzaron a través de las cámaras y micrófonos de la Agencia de Noticias Noventa Grados un llamado urgente al Gobierno de México y al Gobierno de Michoacán para intervenir en el municipio, al tiempo que advirtieron que, de no haber una respuesta efectiva de las autoridades, analizarán organizarse para regresar y recuperar las viviendas y propiedades que, afirman, les fueron arrebatadas por la violencia.

Uno de los afectados, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, relató que él mismo fue obligado a abandonar Churumuco después de negarse a pagar una extorsión. Según su testimonio, recibió amenazas de muerte y tuvo que huir para salvar la vida, dejando atrás su patrimonio y su comunidad.

"Yo fui extorsionado, no pagué y tuve que salirme del municipio porque me corrieron. Me amenazaron con matarme; afortunadamente pude salir ileso, pero hay cientos, miles de víctimas que no corrieron con la misma suerte", declaró.

El entrevistado sostiene que su caso no es aislado y asegura que entre dos mil y dos mil 500 personas han resultado afectadas por desplazamiento forzado y otros delitos en Churumuco. Aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, afirmó que numerosas familias permanecen fuera del municipio tras abandonar sus hogares por temor a represalias.

Las denuncias van más allá de la extorsión. El afectado asegura que muchas de las viviendas abandonadas por quienes huyeron hoy se encuentran ocupadas por terceros, lo que, a su juicio, representa un despojo del patrimonio de decenas de familias que no han podido regresar.

Además, describió un clima de miedo permanente entre los habitantes que aún permanecen en Churumuco. Según su versión, la población vive bajo amenazas constantes y, en diversas ocasiones, civiles habrían sido obligados a participar en bloqueos carreteros para obstaculizar operativos de las fuerzas de seguridad.

"Yo también fui obligado a salir a tapar carreteras; no era voluntariamente. Después fui extorsionado y cuando no pagué fue cuando me corrieron. Sí obligan a la gente", aseguró.

El testimonio coincide con versiones que han circulado tras diversos operativos federales realizados en la región, en los que bloqueos carreteros complicaron el avance de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el entrevistado sostiene que muchas de esas acciones no respondían a decisiones espontáneas de la población, sino al temor de sufrir represalias.

El denunciante también pidió que las autoridades federales y estatales investiguen los presuntos vínculos familiares entre el señalado líder criminal Gabino Barrera y la presidenta municipal de Churumuco, María Judit Chino Camacho. Afirmó que, debido a esa relación, existe entre los habitantes la percepción de que no se ha actuado con firmeza contra quienes, según él, han sembrado el miedo en el municipio.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial pública que acredite responsabilidad penal de la alcaldesa por esos señalamientos. No obstante, el entrevistado solicitó que las instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer cualquier posible responsabilidad.

El mensaje más contundente llegó al referirse al futuro inmediato. Aseguró que las familias desplazadas aún esperan que el Estado garantice condiciones para regresar de manera segura, pero advirtió que la paciencia comienza a agotarse.

"Pedimos urgentemente que las autoridades hagan justicia en Churumuco. Si no hacen nada, nos organizaremos como pueblo, como personas corridas, para formar un grupo de autodefensa y regresar a recuperar nuestro patrimonio. Ya basta de tanta injusticia, de tanta impunidad y de tanta corrupción", expresó.

El entrevistado insistió en que la intención no es confrontar a las autoridades, sino recuperar las viviendas y bienes que, asegura, les fueron arrebatados mediante la violencia. Sin embargo, afirmó que la falta de resultados ha llevado a muchos desplazados a considerar otras alternativas.

"No nos queda otra opción porque parece que las autoridades protegieran más a los criminales que a la gente de bien. Se está analizando esa posibilidad si no nos ayudan a recuperar nuestro patrimonio", dijo.

Mientras tanto, las familias desplazadas mantienen su exigencia de justicia, el esclarecimiento de los delitos denunciados y el restablecimiento de condiciones que les permitan regresar a un municipio donde, aseguran, hoy prevalecen el miedo, la extorsión, el desplazamiento y el silencio.