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MensajearTepalcatepec, Mich., a 18 de enero de 2026. — Desde el pasado 4 de octubre, una madre vive en una pena que no supera la desesperanza: su hijo, un joven de apenas 16 años, fue detenido por policías municipales y, según denuncia pública, entregado a un grupo criminal. Hasta hoy nadie sabe de su paradero.
En un video desesperado que circula en redes, la mujer se dirige no a autoridades civiles ni a instancias de justicia, sino a quien, en la práctica social de esta región, representa el poder efectivo: Juan José “El Abuelo” Farías.
“Se lo llevaron los policías de Tepeque… se lo entregaron al comandante Tilín… por eso le pido a usted, señor Abuelo Farías, que me ayude a encontrar a mi niño”, dice entre sollozos, asegurando que su hijo solo trabajaba repartiendo comida y no tenía armas ni radios al momento de su detención.
La figura a quien apela no es cualquiera
El hombre al que la madre dirige su súplica no es un funcionario ni un representante del Estado de derecho, sino Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”. Las autoridades de Estados Unidos lo han señalado como uno de los principales líderes delictivos de México, con presencia en varios municipios de Tierra Caliente de Michoacán, con su bastión en Tepalcatepec, desde donde dirige operaciones trasnacionales de droga a la Unión Americana.
En un comunicado emitido en agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidosanunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Farías Álvarez.
Esta suma es la más alta ofrecida entre cinco presuntos cabecillas de lo que fuera la alianza criminal Cárteles Unidos —el total de recompensas por el grupo asciende a 26 millones de dólares— y pone a “El Abuelo” en la lista de los más buscados por su presunta participación en tráfico de drogas, producción de metanfetamina y fentanilo, y otros delitos ligados al crimen transnacional.
Un poder paralelo que decide destinos
La solicitud de clemencia de la madre no es solo una súplica individual: expone una realidad que pocas veces se dice de forma tan cruda. La madre no acude a la Fiscalía ni a un juez. No pide justicia institucional, pide la intervención de un líder criminal para que regrese a su hijo.
Este hecho refleja cómo, en ciertas zonas de Michoacán, el poder fáctico sustituye al poder legal y cómo familias enteras recurren a quienes tienen la “capacidad de decisión” real, aunque no sea legítima.
En su mensaje, la madre niega que su hijo tuviera relación con actos delictivos y asegura que la gente del pueblo conoce su reputación como buena persona. “Mi hijo tiene madre, tiene papá, tiene hermanos… y es ajeno a lo que se le acusa”, afirma.
Silencio de las autoridades oficiales
Hasta el momento, no se ha hecho pública una investigación formal por parte de las autoridades del estado ni de instancias federales que dé cuenta del paradero del menor o de las acusaciones contra policías municipales implicados en su detención y presunta entrega.
Tampoco ha habido respuesta oficial sobre si existe una investigación por posible desaparición forzada o si hay órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.
Una madre ante dos poderes
La súplica —pública, emotiva y sin filtros— pone en evidencia el dilema de muchas comunidades. Donde el Estado no garantiza justicia y donde la fuerza legal es percibida como ausente o incapaz, el poder real se construye fuera de la ley.
Y así, una madre espera que un hombre por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece millones de dólares sea quien decida sobre el destino de su hijo.
