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MensajearCiudad de México, a 3 de enero de 2026.- La acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, coloca a los cárteles mexicanos en el centro de una presunta red de narcotráfico internacional que, durante años, habría operado con respaldo directo de las más altas esferas del poder venezolano.
El expediente judicial sostiene que sin la infraestructura criminal instalada en México —particularmente la del Cártel de Sinaloa y Los Zetas— el esquema para introducir cocaína a gran escala en Estados Unidos simplemente no habría sido posible.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Maduro no actuó solo. Junto a él fueron imputados su esposa, Cilia Flores; su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra; y figuras clave del régimen como Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, el exjefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal y el exgeneral Clíver Alcalá Cordones. Todos ellos son señalados como parte de una conspiración criminal continua en la que cada uno habría cumplido funciones específicas para garantizar la producción, el traslado, la protección y la distribución de cargamentos de cocaína con destino final a territorio estadounidense.
La acusación describe a México como el eje operativo del esquema. La droga, producida en Colombia y concentrada en Venezuela, era enviada por rutas aéreas y marítimas hacia territorio mexicano, donde las organizaciones criminales locales se encargaban de almacenarla, resguardarla con grupos armados y trasladarla hacia la frontera norte. En este entramado, los cárteles mexicanos no aparecen como intermediarios ocasionales, sino como socios estratégicos indispensables para completar la cadena del narcotráfico.
En el caso del Cártel de Sinaloa, la fiscalía sostiene que existió una relación directa y sostenida con funcionarios venezolanos. Bajo el liderazgo histórico de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, esta organización habría recibido cargamentos procedentes de Venezuela, aprovechando su amplia red en México para fraccionar la droga y cruzarla hacia Estados Unidos. A cambio, el régimen venezolano habría ofrecido protección institucional, rutas seguras y garantías de impunidad, utilizando incluso recursos del Estado para blindar las operaciones.
Los Zetas, por su parte, son señalados como responsables de algunos de los envíos más voluminosos documentados en la acusación. Entre 2003 y 2011, este grupo criminal habría recibido cargamentos de cocaína enviados directamente desde Venezuela hacia puertos y pistas clandestinas en México, con volúmenes que, según la fiscalía, alcanzaban entre cinco y veinte toneladas por operación. Una vez en territorio mexicano, la estructura zeta se encargaba del resguardo armado y del traslado hacia el norte, utilizando su conocida capacidad de violencia como mecanismo de control territorial.
Uno de los elementos más graves del expediente es que la presunta colaboración con los cárteles mexicanos no se habría dado al margen del Estado venezolano, sino desde sus propias instituciones. La acusación sostiene que se utilizaron aviones oficiales, pasaportes diplomáticos, cobertura militar y cuerpos de seguridad para garantizar que los cargamentos salieran sin inspecciones y llegaran a México sin interferencias. Esta protección habría permitido que las organizaciones criminales operaran con un nivel de seguridad inusual para redes de narcotráfico internacional.
Por estos hechos, los imputados enfrentan cargos federales por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer y utilizar armas de guerra, apoyo material a organizaciones criminales violentas y lavado de dinero. De ser hallados culpables, las penas contempladas incluyen décadas de prisión e incluso cadena perpetua.
Aunque se trata de una acusación y no de una sentencia, el caso presentado en Nueva York tiene un impacto directo en México, al exhibir el papel central que los cárteles mexicanos habrían desempeñado en una red criminal respaldada, según la fiscalía, por un gobierno extranjero.
