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MensajearCiudad de México, a 4 de enero de 2026.- Lejos de representar a toda América Latina, un reducido grupo de gobiernos con históricos vínculos políticos e ideológicos con el chavismo salió en defensa de la narrativa oficial sobre la crisis en Venezuela. Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un pronunciamiento conjunto que, más que una condena al régimen de Nicolás Maduro, fue interpretado como un respaldo diplomático indirecto en uno de los momentos más tensos para el país sudamericano.
El comunicado evita cualquier señalamiento directo contra el gobierno venezolano y se limita a rechazar las acciones militares ocurridas en su territorio, sin mencionar responsabilidades internas ni el contexto de colapso político, institucional y humanitario que arrastra Venezuela desde hace años.
Para analistas, el mensaje confirma la línea de contención internacional que estos gobiernos han sostenido frente al chavismo, privilegiando afinidades políticas sobre una condena abierta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Bajo el discurso de la “no intervención” y el “diálogo”, los firmantes insistieron en que la situación debe resolverse únicamente por vías pacíficas y por los propios venezolanos. Sin embargo, el texto omite cualquier referencia a la persecución política, al control del aparato electoral, a la criminalización de la oposición y al éxodo de millones de ciudadanos, factores que han sido ampliamente documentados por organismos internacionales.
El posicionamiento también resulta polémico por presentarse como una defensa de la región, cuando no representa a América Latina en su conjunto, sino a un bloque específico de gobiernos que han mantenido relaciones cercanas con Caracas, ya sea por coincidencias ideológicas, intereses estratégicos o afinidades históricas con el proyecto bolivariano.
Particularmente llamativo fue el señalamiento sobre la supuesta preocupación ante intentos de control externo de recursos naturales, una advertencia que críticos interpretan como un eco del discurso chavista, utilizado reiteradamente para justificar el cierre político y el control estatal sobre sectores estratégicos, mientras la economía venezolana permanece devastada.
El llamado a la ONU para “desescalar tensiones” fue recibido con escepticismo por sectores opositores venezolanos, quienes consideran que el diálogo ha sido usado por el régimen como herramienta para ganar tiempo y legitimidad internacional, sin cambios reales en la estructura de poder.
Así, mientras Venezuela sigue sumida en una profunda crisis política y social, un pequeño grupo de países optó por un mensaje calculado, que evita confrontar al chavismo y refuerza la percepción de que la geopolítica y las afinidades ideológicas pesan más que la democracia y los derechos humanos.
