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MensajearMorelia, Mich., a 4 de enero de 2026.— El negocio clandestino que durante años se infiltró en tiendas, bares y locales de barrio comenzó a derrumbarse. En un golpe contundente contra la extorsión y las economías criminales, autoridades estatales y federales aseguraron 3 mil 211 máquinas tragamonedas a lo largo de 2025 en distintos municipios de Michoacán, revelando la magnitud de una red ilegal vinculada a fraude, lavado de dinero y cobro de cuotas.
Morelia se colocó a la cabeza de esta ofensiva, con mil 121 máquinas decomisadas, consolidándose como el principal foco de operación de estos juegos de azar ilegales. Le siguieron Uruapan, con 544 aseguramientos; Apatzingán, con 408; Lázaro Cárdenas, con 353; y Zitácuaro, con 217. La lista se extiende a Zamora, Pátzcuaro, Maravatío, Tacámbaro, Huandacareo y Sahuayo, confirmando que el fenómeno se encontraba extendido prácticamente por todo el territorio estatal.
De acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad pública en otras ocasiones, cada máquina genera en promedio 400 pesos mensuales, lo que arroja un total de casi 469 millones de pesos por las máquinas aseguradas en un año de operaciones.
Las acciones fueron encabezadas por la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, mediante órdenes de cateo, inspecciones directas y denuncias ciudadanas que destaparon la presunta relación de estas máquinas con esquemas de extorsión y blanqueo de recursos.
Fuentes oficiales señalan que estos aparatos no solo representaban un fraude para los jugadores, sino una fuente constante de financiamiento para estructuras criminales, que utilizaban los ingresos para sostener otras actividades ilícitas y ejercer control territorial mediante amenazas y cobros ilegales.
Tras ser aseguradas, las máquinas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y posteriormente destruidas, como parte de la estrategia para impedir su reutilización y cortar de raíz el flujo económico del delito.
La SSP subrayó que estas acciones forman parte del Plan Paricutín, una estrategia integral orientada a desmantelar economías criminales, inhibir actividades ilícitas y devolver la tranquilidad a las comunidades michoacanas. El mensaje es claro: el juego ilegal y la extorsión están en la mira, y el Estado va por cada engranaje que alimente al crimen.
