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MensajearMorelia, Mich., a 28 de marzo de 2026.— La batalla legal por el caso de los 11 policías municipales de Ecuandureo dio un giro, luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán impugnara la liberación de los agentes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, en un expediente que pone en entredicho la penetración del crimen organizado en corporaciones locales.
La decisión judicial que permitió a los uniformados abandonar la prisión preventiva desató una reacción inmediata del fiscal estatal, Carlos Torres Piña, quien sostuvo que la resolución se dio en un contexto de limitaciones probatorias clave, particularmente en el acceso a evidencia digital.
Pruebas bloqueadas y sospechas persistentes
De acuerdo con la Fiscalía, uno de los elementos centrales del caso —la posible filtración de operativos policiales por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— no pudo ser acreditado en audiencia debido a que un juez federal negó en dos ocasiones la extracción de información contenida en los teléfonos celulares de los detenidos.
Según el fiscal, en esos dispositivos se encontrarían registros de comunicación que evidenciarían cómo se alertaba a integrantes del CJNG con al menos 24 horas de anticipación sobre acciones de seguridad.
Liberación bajo polémica
El juez de control determinó que la cantidad de droga asegurada era mínima; los parches con insignias del CJNG no constituían prueba suficiente; y que no había elementos contundentes para sostener la prisión preventiva,
Esto derivó en la liberación de los 11 elementos, aunque sin exonerarlos de los cargos.
La decisión ha generado inquietud, considerando que, en su detención previa, los policías fueron ubicados en condiciones atípicas: encapuchados, sin identificación oficial y realizando bloqueos carreteros, un comportamiento más cercano a células armadas que a funciones policiales.
Pese a recuperar su libertad, los imputados deberán cumplir estrictas condiciones como presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad; permanecer en el país y no evadir el proceso judicial en curso. Estas medidas buscan garantizar su comparecencia mientras se resuelve la apelación interpuesta por la Fiscalía.
Un caso que escala a segunda instancia
El recurso legal ya fue turnado a una magistratura penal, que deberá revisar de forma inmediata la legalidad de la liberación y determinar si se integran o no las pruebas digitales inicialmente rechazadas.
En paralelo, el Tribunal de Disciplina Judicial mantiene bajo observación el actuar de las autoridades involucradas, en un caso que podría sentar precedente sobre los límites en la admisión de evidencia tecnológica en procesos penales de alto impacto.
Más que un caso aislado
Lejos de tratarse de un episodio menor, el expediente refleja un problema estructural: la posible infiltración del crimen organizado en cuerpos policiales municipales, especialmente en regiones estratégicas del estado.
La resolución que emita la segunda instancia no solo definirá la situación jurídica de los 11 policías, sino que también marcará el rumbo de una investigación que podría escalar hacia niveles más altos de responsabilidad dentro de las instituciones de seguridad.
