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MensajearChihuahua, Chih., a 6 de mayo de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) reveló finalmente la magnitud del narcolaboratorio asegurado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, un caso que en las últimas semanas escaló de un operativo antidrogas a una crisis política y diplomática por la presunta participación de agentes de la CIA en territorio mexicano.
De acuerdo con el comunicado 241/26, las autoridades federales aseguraron más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, poco más de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de reactores, centrifugadoras, cilindros de gas LP y otros equipos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.
El hallazgo ocurrió en una zona serrana de difícil acceso entre los municipios de Morelos y Guachochi, donde desde abril pasado autoridades estatales habían reportado el descubrimiento de dos complejos clandestinos de producción de metanfetamina. Uno de ellos contaba con una extensión cercana a los 850 metros cuadrados y decenas de tambos, hornos y cilindros conectados para el procesamiento químico.
Sin embargo, el caso dejó de ser únicamente un golpe contra el narcotráfico cuando salió a la luz que en el operativo participaron presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), cuya presencia —según reconoció posteriormente el propio Gobierno federal— no habría sido comunicada formalmente a la administración federal mexicana.
La polémica explotó tras el accidente vehicular ocurrido el 19 de abril en Chihuahua, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses señalados como agentes de inteligencia, además de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y otro funcionario estatal. El episodio detonó investigaciones federales, cuestionamientos sobre soberanía nacional y una fuerte sacudida institucional dentro de las corporaciones de seguridad.
La FGR confirmó que actualmente mantiene abiertas líneas de investigación tanto por el narcolaboratorio como por la posible actuación irregular de personal extranjero en territorio nacional. Incluso, cerca de 50 personas involucradas en el operativo han sido llamadas a declarar para esclarecer quién autorizó, coordinó o conocía la presencia de agentes estadounidenses durante las acciones en la Sierra del Pinal.
Mientras tanto, la dependencia federal aseguró que ya inició el proceso de destrucción de los químicos asegurados en coordinación con empresas especializadas en manejo de sustancias peligrosas, al tiempo que continúan los peritajes para determinar el valor económico y la capacidad de producción del complejo clandestino.
Aunque autoridades estatales llegaron a describir el sitio como un “hallazgo histórico”, la Secretaría de la Defensa Nacional matizó posteriormente esa versión y sostuvo que en años recientes se han localizado laboratorios con capacidades incluso mayores.
El caso del llamado “narcolaboratorio de El Pinal” se ha convertido en uno de los expedientes más delicados del año: no sólo por las dimensiones del aseguramiento, sino porque volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, particularmente ahora que Washington endurece su discurso contra los cárteles mexicanos.
