Ciudad de México, a 6 de agosto de 2026.- La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dio un nuevo giro este jueves con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala de haber ordenado la destrucción de videograbaciones consideradas fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante un mensaje a medios, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que la institución cuenta con pruebas suficientes para sostener que el exmandatario estatal instruyó ocultar las grabaciones relacionadas con la detención del autobús Estrella Blanca por parte de policías municipales de Iguala, en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La funcionaria explicó que entre las evidencias se encuentran las declaraciones de dos testigos protegidos, quienes afirmaron que Aguirre ordenó desaparecer cualquier material audiovisual vinculado con los hechos registrados aquella noche.
Godoy Ramos recordó que, tras la desaparición de los estudiantes, las autoridades aseguraron inicialmente que no existían videos del momento en que el autobús fue interceptado, argumentando fallas técnicas en las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia. No obstante, las investigaciones posteriores determinaron que esas grabaciones sí existían.
Precisó que la indagatoria tomó un impulso importante durante el primer semestre de 2026. En enero, una persona colaboradora confirmó la existencia de los videos y señaló que fueron sustraídos para ser entregados directamente a Ángel Aguirre, además de revelar que había permanecido en silencio debido a amenazas.
Posteriormente, en mayo, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al declarar que el entonces gobernador encabezó una reunión con funcionarios de alto nivel en la que instruyó eliminar cualquier evidencia relacionada con el caso.
"La fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal", afirmó la fiscal.
Con base en estos elementos, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre por los delitos de administración de justicia y desaparición forzada de personas. El mandato judicial fue cumplimentado este jueves en el Estado de México.
Finalmente, Ernestina Godoy aseguró que el proceso se desarrolla con pleno respeto a los derechos humanos del exgobernador y reiteró el compromiso de la FGR de mantener informadas a las familias de los estudiantes y continuar las investigaciones hasta esclarecer los hechos.
"No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos. Donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias", concluyó.









