Exigen disculpa de Silvano Aureoles y acate recomendación de la CNDH por detenciones, tortura y asesinatos en Arantepacua

Exigen disculpa de Silvano Aureoles y acate recomendación de la CNDH por detenciones, tortura y asesinatos en Arantepacua
Publicado
10 de Enero de 2021
18:51:00
Autor
Redacción / Noventa Grados

Nahuatzen, Mich., a 10 de enero del 2021.- Habitantes de la comunidad Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, celebraron la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó graves violaciones contra dicha comunidad, donde se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura y el asesinato de cuatro personas por uso de fuerza letal de la fuerza, durante un operativo estatal en abril de 2017.

A través de las redes sociales, los pobladores convocaron a conocer el día lunes a las 17:00, su respuesta a la recomendación 42VG/2020 de la CNDH, emitida el pasado mes de diciembre y dirigida al gobernador Silvano Aureoles Conejo y la Fiscalía General del estado, por los hechos registrados el 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua.

De acuerdo con la CNDH, durante esos días “se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua”, por parte de fuerzas de seguridad pública estatales, a cargo de Juan Bernardo Corona Martínez, exdirigente del PRD y hoy aspirante a diputado, y personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, en la cual estaba al frente José Martín Godoy Castro.

A raíz de un operativo implementado con 300 elementos de la SSP y PGJE (200 pertenecientes al grupo antimotines, 80 a la Dirección de Tránsito y Movilidad, y 20 a la Coordinación de Regiones), cinco personas murieron (un adolescente, tres adultos y un policía estatal), 4 de ellas pobladores de Arantepacua.

La CNDH acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.

La CNDH concluyó que, a partir de las 15:00 horas de día 5 de abril, el uso de la fuerza empleado por la SSP y la PGJM fue ilegal y excesivo por ser indiscriminado, innecesario y desproporcionado. En la bitácora de radiocomunicación proporcionada por la SSP se registró que, a partir de las 15:00 horas, el incidente fue reclasificado como “enfrentamiento con grupos armados” y se solicitó el apoyo de diversas corporaciones de los municipios aledaños. También se documentó la presencia de un helicóptero azul que dotó de más armas y municiones a los elementos policiales que se encontraban en tierra, lo que indudablemente implicó la pérdida de control y supervisión respecto del uso de la fuerza letal por parte de la SSP y la PGJM. 

Por lo anterior, la CNDH emitió 15 puntos recomendatorios, siete dirigidos al Gobierno del estado de Michoacán y ocho a la Fiscalía General del estado de Michoacán, en los que solicita una disculpa pública por parte de las autoridades estatales, orientada a dignificar a las víctimas con un reconocimiento público de su responsabilidad, la cual deberá ser traducida al purépecha, difundida en una radiodifusora con alcance en la comunidad de Arantepacua, así como en un medio de comunicación local. 

También pidió la colaboración en los procedimientos administrativos y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a la cadena de mando por la planeación e implementación del operativo.

Hasta el momento el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien invitó a Juan Bernardo Corona a encargarse de la SSP y ratificó en el cargo a José Martín Godoy Castro, no se ha posicionado al respecto.

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