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MensajearCiudad de México, a 20 de diciembre de 2025.– El escándalo que sacude al antiguo gobierno de Michoacán no da tregua. Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, seguirá tras las rejas luego de que una jueza federal le cerrara la puerta al amparo con el que buscaba librar la vinculación a proceso por el presunto saqueo multimillonario en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil durante el mandato de Silvano Aureoles Conejo.
La resolución fue contundente. Viridiana Berenice Quiroz Ángel, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la imputación contra la exfuncionaria, señalada como pieza clave en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Michoacán.
Villegas Pineda alegó que la FGR no cumplió con los requisitos legales mínimos y que la vinculación a proceso carecía de sustento. Sin embargo, la juzgadora fue clara: no se requieren pruebas plenas para iniciar un proceso penal, sino indicios sólidos que permitan establecer que existió un delito y la probabilidad de participación de la imputada. Para el juzgado, esos indicios sí existen y son eficaces.
Santa Martha, su nueva realidad
Con esta decisión, Elizabeth Villegas permanecerá recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de que también fuera desechado el amparo contra la prisión preventiva impuesta tras su detención en marzo pasado. La exfuncionaria enfrenta el proceso privada de la libertad, mientras el expediente judicial continúa engrosándose.
La red de ex funcionarios caídos
Villegas Pineda no está sola. Forma parte del grupo de cuatro exaltos colaboradores del gobierno aureolista que hoy se encuentran encarcelados por el presunto esquema de corrupción en la edificación de siete cuarteles, señalados por haber sido inflados en costos y provocar un daño al erario superior a los 3 mil millones de pesos.
Junto an ella permanecen detenidos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; y Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas.
A la lista se suma Juan Bernardo Corona, también exsecretario de Seguridad Pública, a quien recientemente le fue negado un amparo contra la orden de aprehensión girada por este mismo caso.
Aureoles, prófugo en la sombra
En la cúspide del escándalo se encuentra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el presunto desvío de 1 mil 52 millones 222 mil 490 pesos, recursos vinculados a los cuarteles construidos en Huetamo, Coalcomán, Apatzingán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Ese monto representa una tercera parte del quebranto total que investigan las autoridades federales.
Mientras los expedientes avanzan y los jueces cierran filas, el caso de los cuarteles se perfila como la herida abierta más profunda del sexenio aureolista, un símbolo de presunta corrupción, exceso y saqueo que hoy mantiene a sus protagonistas tras las rejas o huyendo de la justicia.
