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MensajearCiudad de México, 8 de abril del 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó un contrato por 227 millones de pesos para renovar y fortalecer su sistema de videovigilancia en 40 de sus instalaciones en el país, un acuerdo cuya información había sido clasificada por cinco años bajo el argumento de que su difusión podría comprometer la seguridad del organismo.
Los detalles del contrato se conocieron tras un recurso de revisión en materia de transparencia por parte del medio de comunicación La Silla Rota, mediante el cual se obtuvo el documento que señala que la empresa encargada del Centro Estratégico de Seguridad Integral es AMPS para la Integración y Articulación SAPI de CV.
A diferencia de otros procedimientos, la contratación se realizó mediante adjudicación directa y no a través de una licitación pública en la que diversas empresas compiten por ofrecer el servicio.
En años anteriores, la Dirección Ejecutiva de Administración del propio instituto había establecido que el límite máximo para realizar adjudicaciones directas rondaba un millón de pesos, lo que contrasta con el monto del acuerdo para el sistema de seguridad.
El presupuesto destinado a este proyecto es similar al asignado este año a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que dispone de 230 millones 970 mil pesos para sus funciones, entre ellas el proceso de registro de nuevos partidos.
Desde enero de este año, el INE inició la instalación de nuevos equipos de seguridad en sus oficinas centrales, incluyendo cámaras, torniquetes, sistemas electrónicos de identificación y dispositivos ponchallantas.
De acuerdo con autoridades del organismo, las cámaras fueron colocadas en pasillos y áreas comunes, evitando oficinas o espacios privados. No obstante, se incrementó el número de dispositivos en la sala de prensa ubicada en la sede central del instituto en Tlalpan.
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE había decidido reservar tanto el contrato como su anexo técnico al considerar que revelar esa información podría representar un riesgo para la seguridad de las instalaciones y del personal que labora en ellas.
