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Mensajear*Huertas vinculadas con personajes señalados por sus nexos con el crimen organizado aparecen en registros fitosanitarios para exportar productos michoacanos al extranjero; los casos abren interrogantes sobre la vigilancia oficial, la propiedad de los predios y el destino de las ganancias.
Morelia, Mich., a 9 de octubre de 2026.— Mientras productores de aguacate y limón enfrentan extorsiones y amenazas en distintas regiones de Michoacán, una investigación periodística puso bajo los reflectores un asunto incómodo para las autoridades: huertas vinculadas con José de Jesús Méndez Vargas, "El Chango Méndez", y Manuel Fernández Valencia, "La Puerca", figuran en registros para exportar aguacate a China. El caso revive otro antecedente igualmente delicado: las certificaciones de exportación atribuidas al huerto Don Vázquez, relacionado en reportes periodísticos con Miguel Ángel Gallegos Godoy, "El Migueladas".
La pregunta no es menor. ¿Cómo se verifica la identidad de los propietarios, la situación jurídica de los predios y el cumplimiento de los requisitos para exportar cuando los nombres asociados con esas propiedades también aparecen en investigaciones y señalamientos relacionados con el crimen organizado? Los registros fitosanitarios abren una línea de escrutinio sobre los controles que deben proteger la legalidad de una actividad agrícola que mueve millones de pesos.
El Chango Méndez y las huertas que miran hacia China
Una investigación publicada por El Universal señaló que huertas vinculadas con Méndez Vargas y Fernández Valencia aparecen registradas para exportar aguacate a China. De acuerdo con el reportaje, ambos estarían relacionados con más de 50 huertas distribuidas en cinco municipios de Michoacán, con una superficie conjunta aproximada de 500 hectáreas.
Entre los predios identificados en la publicación figuran La Mora 1, La Mora 36 y La Mora 37, ubicados en Tancítaro. El periódico difundió números de registro fitosanitario y afirmó haber cotejado la información con la base de datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Los datos colocan bajo la lupa una actividad que tiene enorme peso económico para Michoacán y que depende de controles sanitarios, trazabilidad y cumplimiento de las condiciones impuestas por los mercados extranjeros. Sin embargo, que una huerta aparezca en un registro de exportación no significa automáticamente que su propietario sea quien vende directamente la fruta ni que se haya acreditado alguna operación criminal dentro de la cadena comercial.
El punto que exige explicaciones es quién figura legalmente como titular de cada predio, quién lo administra, qué empresas comercializan la producción y si las autorizaciones continúan vigentes. También resulta indispensable aclarar si las personas mencionadas conservan algún control sobre las propiedades o si estas operan mediante terceros.
Una condena en México y un proceso en Estados Unidos
El historial judicial de "El Chango Méndez" vuelve todavía más relevante la revisión de los registros y de la situación actual de las huertas.
Méndez Vargas fue detenido en 2011 y, de acuerdo con información difundida sobre el caso, en 2024 se confirmó una sentencia de 45 años y 10 meses de prisión por delincuencia organizada y delitos relacionados con armas. En febrero de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que estaba bajo custodia estadounidense y que enfrentaba una acusación federal relacionada con una presunta conspiración para importar cocaína y metanfetamina.
Tras la extradición del capo, queda una pregunta que las autoridades competentes deberían poder responder con documentos: ¿quién quedó a cargo de los predios y de sus operaciones comerciales mientras su presunto propietario o vinculado enfrentaba procesos judiciales?
Una huerta puede operar mediante administradores, representantes, familiares o empresas. Por eso, conocer el nombre que aparece en una base de datos es apenas el primer paso; determinar quién ejerce el control real y quién recibe los ingresos exige revisar escrituras, sociedades mercantiles, contratos y movimientos financieros obtenidos legalmente.
El antecedente de "El Migueladas": certificaciones para exportar mango
El caso recuerda lo publicado en junio de 2026 sobre Miguel Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, señalado en reportes periodísticos por sus presuntos vínculos con el llamado Cártel de Zicuirán.
Una investigación de Latinus reportó que el huerto Don Vázquez, registrado a nombre de Gallegos Godoy, obtuvo certificaciones federales para exportar mango en 2018, 2021, 2023 y 2025. Entre los destinos mencionados aparecen Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
La información provocó cuestionamientos por la coexistencia de registros agrícolas formales y los señalamientos que rodean a personajes asociados con la violencia en Tierra Caliente. No obstante, las certificaciones reportadas en esos años no demuestran que todos los permisos continúen vigentes ni acreditan que las ventas de mango hayan sido financiadas con dinero ilícito.
Lo que sí ponen sobre la mesa ambos casos es una cuestión de interés público: las autoridades deben contar con mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las normas aplicables, identificar a los responsables de cada operación y actuar cuando existan elementos legales suficientes para investigar irregularidades.
El negocio legal y la pregunta por el dinero
El aguacate y el mango son productos emblemáticos de la economía michoacana, pero sus cadenas comerciales también requieren controles para impedir que sean utilizadas como cobertura de operaciones ilegales. La existencia de un registro fitosanitario no equivale a una auditoría del patrimonio de su titular, ni constituye una certificación de que los recursos invertidos en la huerta tengan un origen lícito.
Por eso, la investigación no debería detenerse en la fotografía de un presunto capo ni en la aparición de su nombre en un documento. La revisión de fondo tendría que seguir la ruta de las propiedades, sus cambios de titularidad, las empresas intermediarias, los compradores, las facturas y los ingresos derivados de las exportaciones.
Senasica y las autoridades agrícolas pueden aclarar el historial de los registros y las certificaciones. Las instancias registrales pueden aportar información sobre la titularidad de los predios, mientras que las autoridades ministeriales y financieras tendrían que determinar, dentro de sus atribuciones y con las pruebas correspondientes, si existen indicios de operaciones ilícitas.
Hasta ahora, la información periodística disponible no permite afirmar que los permisos se hayan concedido ilegalmente ni que los funcionarios responsables conocieran alguna actividad criminal de los titulares. Precisamente por eso se necesita transparencia documental: para distinguir entre una autorización sanitaria legítima, una eventual irregularidad administrativa y un posible delito financiero.
Michoacán merece respuestas, no zonas oscuras
En un estado donde productores han denunciado presiones criminales sobre sus actividades, las preguntas acerca de quién controla determinadas huertas y cómo se comercializa su producción no pueden descartarse como simples detalles burocráticos.
Los casos de "El Chango Méndez" y "El Migueladas" plantean una exigencia concreta: que las autoridades aclaren qué predios están registrados, quiénes aparecen como titulares, cuáles son las autorizaciones vigentes y qué controles existen para detectar posibles irregularidades. Si todo está en regla, los documentos pueden demostrarlo; si existen indicios de delitos, corresponde investigarlos y acreditarlos mediante procedimientos legales.
Porque la pregunta de fondo no es si Michoacán debe exportar aguacate o mango —dos productos fundamentales para su economía—, sino si las instituciones pueden garantizar que las cadenas de exportación operen con transparencia y sin servir de refugio a recursos de procedencia ilícita.
