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MensajearMorelia, Mich., a 14 de agosto de 2025.- Lo que en su momento fue presentado como un movimiento ciudadano armado para liberar a Michoacán del dominio de los cárteles, hoy es señalado por Estados Unidos como la fachada de una red criminal con alcance internacional. La administración de Donald Trump ha lanzado una ofensiva directa contra cinco exlíderes del movimiento de autodefensas en la entidad, ofreciendo un total de 26 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su captura.
La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley anunció que los objetivos son: Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo (hasta 10 millones de dólares); Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo (hasta 5 millones); Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua (hasta 5 millones); Luis Enrique Barragán Chávez, alias R5 o Güicho (hasta 3 millones); y Edgar Orozco Cabadas, alias El Kamoni (hasta 3 millones).
A excepción de Sierra Santana, líder de Los Viagras hoy aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación, todos los señalados forman parte de Cárteles Unidos, organización cuyo más remotos antecedentes la sitúan como una alianza de grupos locales para contener a los Caballeros Templarios y, más tarde, al CJNG. Sin embargo, de acuerdo con la designación oficial del Departamento de Estado, hoy controlan la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo, adquieren cocaína en Colombia y utilizan sofisticadas rutas de tráfico hacia Estados Unidos.
De autodefensas a cárteles terroristas
El caso de El Abuelo Farías es emblemático. En 2013 apareció como líder de las autodefensas de Tepalcatepec junto al médico José Manuel Mireles Valverde, ganando reconocimiento mediático como supuesto defensor de las comunidades. No obstante, en la región se sabía que mantenía vínculos con el Cártel de Los Valencia, antecesor del CJNG. Su influencia política es notoria: familiares suyos han ocupado cargos de elección popular, incluida la alcaldía de su municipio.
Poncho La Quiringua y Güicho de Los Reyes, por su parte, fueron retratados por algunos medios como combatientes contra la injusticia, pero investigaciones posteriores los vincularon a secuestros, extorsiones y la contratación de exmilitares colombianos para entrenar a sus sicarios en el uso de explosivos, hoy desplegados en caminos y huertas de Michoacán.
Por su parte, Edgar Orozco Cabadas, alias El Kamoni, es conocido como jefe de plaza en la Tierra Caliente de Michoacán y opera con grupos armados desde la creación del grupo “H-3”, conformado por civiles armados que se decían autodefensas.
La declaración de Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025 marcó un punto de quiebre: desde entonces, cualquier colaboración con estos grupos puede implicar sanciones económicas y procesos judiciales bajo leyes estadounidenses, e incluso la acción directa de agencias como la DEA y el Departamento del Tesoro.
En México, impunidad y silencio
Mientras Washington endurece su postura, en México el tema se maneja con cautela. Pese a las pruebas y denuncias que documentan las actividades criminales de los exautodefensas, la respuesta de las autoridades ha sido limitada. El contraste entre la narrativa oficial mexicana y la estadounidense es claro: para Trump, la época de las “autodefensas heroicas” ha terminado y lo que queda es un objetivo prioritario en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
La impunidad en la entidad es tal que se presume que no existe ninguna orden de captura contra los señalados, a excepción de Nicolás Sierra Santana, por quien se ofrece una recompensa de 100 mil pesos por el homicidio del líder de las autodefensas Hipólito Mora.
