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MensajearMorelia, Mich., a 7 de septiembre de 2025.- Un nuevo escándalo golpea al Poder Judicial de Michoacán tras revelarse un caso en el que presunto influyentismo político y judicial habrían sido utilizados para revertir una decisión clave en un proceso de divorcio marcado por la violencia familiar.
De acuerdo con la denuncia presentada, un juez familiar modificó de forma abrupta la custodia de un menor, quitándosela a la madre, Iris Priscila S., —quien previamente había demostrado ser víctima de agresiones por parte de su esposo— para entregarla a la abuela paterna, una persona ajena al proceso judicial.
La resolución se emitió apenas días antes del relevo de magistrados y jueces en la entidad, lo que para la defensa no es casualidad, sino parte de una maniobra para favorecer al esposo, quien habría presumido tener vínculos con funcionarios del Poder Ejecutivo y del propio Poder Judicial.
Según consta en el recurso de apelación, la decisión judicial se tomó sin previo traslado ni debate, sin permitir a la madre defenderse, y contradiciendo medidas cautelares que ya habían sido dictadas en su favor. Además, se pasó por alto la restricción penal que impide al padre acercarse a su expareja y al menor, lo que abre la puerta a un riesgo directo contra su seguridad.
Especialistas en derecho familiar han señalado que este tipo de actuaciones son un reflejo del uso discrecional de la justicia en Michoacán. Además de tratarse de un caso de violencia de género, deja ver la manera en que el influyentismo se convierte en una herramienta para revertir sentencias en perjuicio de las mujeres.
El asunto ya se encuentra bajo revisión de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, que tendrá la última palabra sobre si se confirma o revoca la resolución. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa la independencia del Poder Judicial michoacano, en un momento de cambios institucionales y cuestionamientos sobre su credibilidad.
