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MensajearUruapan, Mich., a 11 de noviembre de 2025.- La muerte del presunto asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue rodeada de dudas, versiones cruzadas y declaraciones que, lejos de aclarar, han encendido la sospecha de una posible ejecución extrajudicial en plena operación de seguridad.
Y es que el propio gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, abrió la puerta a esa posibilidad al señalar que el atacante del alcalde presuntamente fue primero detenido y luego abatido, una secuencia que desató cuestionamientos inmediatos: ¿qué ocurrió en esos segundos entre la aprehensión y la muerte del agresor?
El asunto escaló a la conferencia matutina federal, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, evitó desmentir al gobernador y confirmó que la investigación sigue en curso.
El funcionario declaró: “Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice, la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que que mata al agresor, se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.”
Sobre el estado legal de los escoltas, Harfuch fue directo cuando le preguntaron si estaban detenidos:
—No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada vez que se les llame.
Lo detuvieron, hubo forcejeo… y un solo disparo lo mató
El gobernador michoacano no solo no retrocedió, sino que amplió la narrativa en su conferencia del lunes. Afirmó que el presunto homicida del alcalde fue capturado vivo, pero murió segundos después en un forcejeo.
“Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando, está investigando la Fiscalía todo este tema”, explicó.
El propio fiscal Torres Piña ya había alimentado la duda días antes, cuando en conferencia del 6 de noviembre afirmó que el agresor fue “sometido” y después “abatido”.
Una secuencia que, repetida por distintas autoridades, refuerza la percepción de que el atacante pudo haber sido eliminado deliberadamente.
El fallo en el cordón de seguridad: ocho escoltas y 14 agentes de la Guardia Nacional
Otra línea de investigación apunta directamente al aparato de seguridad del alcalde Manzo, que contaba con una protección considerable: “En ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de Guardia Nacional… Y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba la Guardia Nacional”, detalló Ramírez Bedolla.
Las autoridades intentan dilucidar por qué ese equipo de 22 elementos no logró contener el ataque, y cómo se produjo un “relajamiento” tan grave del protocolo.
“Entonces se está también en la línea de investigación revisando pericialmente, qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, añadió el gobernador.
¿Abatido o ejecutado? La pregunta sigue viva
Mientras la Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva, la secuencia de hechos, las declaraciones contradictorias y los silencios oficiales avivan la sospecha de que el agresor pudo haber sido callado antes de que declarara.
Lo cierto es que, hasta ahora, ninguna autoridad ha desmentido categóricamente la posibilidad de una ejecución.
Y el caso que inició como un ataque mortal contra un alcalde, hoy se expande como un posible escándalo de abuso de fuerza, encubrimiento y manipulación operativa.
