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MensajearCiudad de México, a 18 de febrero de 2026.- En poco más de un año, el gobierno federal ha enviado un mensaje inequívoco a los territorios donde durante décadas mandó la complicidad: la ley sí alcanza a los alcaldes y exalcaldes. Bajo la conducción de Claudia Sheinbaum y la operación firme de Omar García Harfuch, la ofensiva contra las redes criminales incrustadas en gobiernos municipales dejó de ser discurso para convertirse en resultados.
Las cifras hablan por sí solas. Al menos cinco alcaldes en funciones y alrededor de seis exalcaldeshan sido detenidos desde el arranque del actual gobierno federal, en operativos sustentados en órdenes judiciales, inteligencia financiera y coordinación interinstitucional.
Los nombres y las fechas
Entre los casos documentados se encuentra María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, detenida el 22 de noviembre de 2024, acusada de delitos graves vinculados con homicidio y crimen organizado.
En enero de 2025, fue capturada María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, tras permanecer prófuga por presuntos delitos de extorsión y vínculos con estructuras criminales.
Un mes después, en febrero de 2025, fue detenido Pedro Luis “N”, alcalde electo del mismo municipio, quien también era investigado por su presunta participación en redes de extorsión.
Posteriormente, en abril de 2025, cayó Ari Patrick “N”, exalcalde de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, dentro de la misma estrategia federal contra autoridades municipales presuntamente coludidas con el crimen.
Más recientemente, el 5 de febrero de 2026, fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, señalado por presunta corrupción, extorsión y vínculos con el crimen organizado.
A estos nombres se suman otros seis exalcaldes mexiquenses recluidos en penales estatales, cuyos procesos derivan de investigaciones similares, consolidando una ofensiva que no distingue entre cargos en funciones o pasados.
La señal política
El mensaje es doble. Hacia adentro del aparato público: no hay investidura que garantice impunidad. Hacia afuera: los municipios dejan de ser refugio seguro para estructuras criminales. La estrategia no se ha limitado a declaraciones; ha producido detenciones, procesos judiciales y sentencias.
Con alcaldes y exalcaldes tras las rejas, el gobierno federal marca un precedente inédito en la relación entre poder municipal y Estado de derecho. La línea trazada por Sheinbaum y ejecutada por García Harfuch es clara: quien utilice el cargo para delinquir enfrentará consecuencias reales.
En un país acostumbrado a la simulación, hoy los expedientes avanzan y las celdas se llenan. Esa, para el oficialismo, es la verdadera señal de cambio.
