Alcaldes detenidos, policías sentenciados y estados bajo la lupa: Operación Enjambre, la ofensiva con la que Sheinbaum y Harfuch sacuden al poder municipal en México

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2026.- La Operación Enjambre ya no es una hipótesis ni un anuncio político: es una ofensiva con cifras, sentencias y nombres propios. Lo que comenzó en el Estado de México se convirtió en el eje de una estrategia nacional que hoy impacta el tablero de Jalisco, presiona a Michoacán y mantiene bajo observación a Puebla.

El saldo hasta inicios de 2026 es contundente: desde el inicio de la administración entre 60 y 67 servidores públicos detenidos, según distintos cortes oficiales, la mayoría en el Estado de México. De ellos, al menos 18 ya han recibido sentencia condenatoria, acumulando 878 años de prisión en conjunto, por delitos que van desde secuestro y extorsión hasta homicidio. No son investigaciones administrativas; son procesos penales que terminaron en condenas de décadas.

En el Estado de México nació el golpe. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con respaldo de fuerzas federales, ejecutó órdenes contra alcaldes, directores de seguridad pública y mandos policiacos señalados por colaborar con estructuras criminales. En al menos 18 municipios mexiquenses se desplegaron acciones simultáneas. La operación no solo buscó capturar individuos, sino desarticular redes completas dentro de corporaciones municipales.

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido la línea de que no puede existir combate efectivo al crimen sin limpiar las instituciones locales. Su postura ha sido respaldar públicamente las investigaciones, incluso cuando involucran a autoridades en funciones y sin distinción partidista. La narrativa presidencial se ha centrado en un principio reiterado: cero impunidad.

En el terreno operativo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ha sido el rostro técnico de la estrategia. Bajo su coordinación, el Enjambre se planteó como un mecanismo de investigación profunda, sustentado en inteligencia y judicialización. El énfasis no está en los operativos espectaculares, sino en sostener casos que resistan en tribunales, como lo reflejan las sentencias ya dictadas.

Cuando el patrón alcanzó a Jalisco, el impacto fue inmediato. Aunque no se presentó formalmente como “Enjambre Jalisco”, la detención de autoridades municipales fue interpretada como parte del mismo modelo. En una entidad asociada históricamente a la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, cualquier intervención contra funcionarios locales adquiere dimensión estratégica. No se trata solo de números, sino de alterar equilibrios territoriales sensibles.

En Michoacán, donde la fragmentación criminal y el uso de explosivos han elevado la tensión, voces políticas han pedido aplicar el mismo esquema. No hay cifras oficiales bajo el sello Enjambre en esa entidad y persiste el recuerdo del Michoacanazo, pero el debate crece ante un escenario de violencia persistente y estructuras municipales vulnerables, asegurando la presidenta que si existen las denuncias correspondientes puede implementarse  el Enjambre en Michoacán.

Puebla, por su parte, aparece en el radar como un estado bajo observación. No existe un operativo formal con ese nombre, pero la mención dentro del discurso federal y las investigaciones contra autoridades locales han alimentado la percepción de que podría ser el siguiente escenario. Si el modelo se replicara allí, confirmaría que la estrategia no distingue entre estados con violencia abierta y aquellos que proyectan estabilidad institucional.

Las cifras dan dimensión a la ofensiva: más de 60 funcionarios detenidos, casi una veintena de sentencias y cientos de años de prisión acumulados. Pero las repercusiones van más allá de los tribunales. El Enjambre reabre el debate sobre la autonomía municipal frente al poder federal, provoca reacomodos partidistas en los ayuntamientos intervenidos y redefine la relación entre seguridad y política local.

Para Sheinbaum y Harfuch, el desafío es sostener los resultados judiciales y evitar que la estrategia se perciba como instrumento de confrontación política. Para sus críticos, la vigilancia se centra en que cada caso esté sustentado con pruebas sólidas.

Lo cierto es que el Enjambre ya dejó huella. Si durante años el municipio fue el eslabón más vulnerable ante el crimen organizado, ahora se convirtió en el primer campo de batalla donde el Estado busca demostrar que la impunidad, al menos en el discurso y en las cifras, tiene límites.