Ciudad de México., 2 de noviembre de 2018.- El asesinato del saudita Jamal Khashoggi, “estrangulado” y “descuartizado” en el consulado de su país en Turquía, recuerda, la víspera de una jornada mundial contra estos crímenes, que todavía es posible matar a periodistas con total impunidad.
Estos últimos años, en condiciones igual de salvajes, el periodista Mohamed al Absi fue envenenado en Yemen, los mexicanos Miroslava Breach y Javier Valdez murieron en 2017 a balazos en México, al igual que Ján Kuciak y su prometida en Eslovaquia.
Desde 2006, la UNESCO condenó los asesinatos de 1.010 periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Pero nueve de cada diez casos nunca fueron juzgados, según un informe publicado el jueves.
La agencia de la ONU decretó el 2 noviembre “Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas”, en homenaje a los franceses muertos el 2 de noviembre de 2013 en Malí, Ghislaine Dupont y Claude Verlon.
La lucha contra la impunidad forma parte integrante de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del acceso a la información. Atacar a un periodista es lo mismo que atacar a toda la sociedad”, declaró a la AFP la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se suma y participa de la campaña #LaVerdadNuncaMuere: en Instagran, en Twitter, que impulsa la la UNESCO como parte de la conmemoración del Día Internacional.
María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, expresó que “desde 1995 mantenemos como prioridad el tema de la impunidad que rodea a muchos crímenes contra periodistas, la búsqueda de justicia y que se implementen cada vez más medidas estatales que garanticen a los periodistas trabajar en ambientes seguros“.
Domínguez instó a los miembros de la organización a sumarse a la campaña, a través de sus distintas plataformas informativas, ya sea con imágenes provistas por la UNESCO, la publicación de trabajos de periodistas asesinados y/o posiciones editoriales sobre cómo la violencia contra los comunicadores afecta el derecho del público a estar informado, la democracia y el bien común.









