Autorizan la muerte asistida para personas con enfermedades terminales en Nueva York; entrará en vigor a partir de julio

Nueva York, Estados Unidos, a 6 de febrero de 2026.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este viernes una ley que autoriza la muerte asistida para personas con enfermedades terminales a quienes se les haya diagnosticado una esperanza de vida menor a seis meses. La nueva legislación, que comenzará a aplicarse en julio, incorpora salvaguardas adicionales a las contempladas inicialmente, con el objetivo de reforzar la protección de pacientes y personal médico.

El proyecto original ya contemplaba medidas para garantizar que “ningún paciente sea forzado a elegir ayuda médica para morir”, así como para proteger a profesionales de la salud o clínicas “afiliadas por religión”. No obstante, tras el diálogo entre la mandataria estatal y los legisladores, se añadieron nuevas disposiciones. En un comunicado se destaca que “la gobernadora trabajó con la legislatura para añadir protecciones adicionales que garantizarán que nadie se aprovechará de nadie, mientras se garantiza que los neoyorquinos enfermos terminales tienen la opción de morir cómodamente y en sus propios términos”.

Con esta aprobación, Nueva York se convertirá en el décimo cuarto estado del país en permitir este procedimiento médico, sumándose a entidades que ya lo aplican desde que Oregón marcó el precedente en 1994. Hochul, quien ha reconocido anteriormente un “conflicto religioso” por su fe católica, afirmó que se trata de la “decisión correcta”, luego de “años de discusiones íntimas con los patrocinadores de la ley, expertos en salud, activistas” y, principalmente, con familias afectadas por enfermedades terminales.

Entre los nuevos lineamientos, la ley establece un periodo obligatorio de espera de cinco días entre la prescripción y su aplicación, además de exigir una grabación en audio o video del paciente solicitando el procedimiento y una evaluación previa de salud mental realizada por un psicólogo o psiquiatra. También se prohíbe que personas con posibles beneficios económicos derivados del fallecimiento del paciente puedan fungir como testigos o intérpretes. La normativa entrará en vigor seis meses después de su firma “para permitir al Departamento de Salud establecer las regulaciones necesarias” y garantizar que los hospitales “pueden preparar y entrenar a su personal adecuadamente para que la cumplan”.