Brasilia, Brasil, a 02 de diciembre de 2015.- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Lo anterior tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
El pedido se basa en maniobras fiscales realizadas por Rousseff durante su primer gobierno y que, según pudo constatarse, fueron repetidas en el presente mandato.
Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar.
Rousseff reaccionó señalando haber recibido “con indignación la decisión del señor presidente de la Cámara de Diputados de avalar un pedido de impugnación del mandato que me fue conferido democráticamente por el pueblo brasileño”. Pese a ello, Rousseff pidió “tranquilidad” ante la situación y “confianza” en las instituciones y el Estado de derecho. Además, calificó como “inconsistentes e improcedentes” las razones que fundamentan el pedido acogido por Cunha.
Las prácticas de las que se acusa a la mandataria violan la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que constituye una razón jurídica para destituirla del mando.
“No existe ningún acto ilícito practicado por mí. No sobrevuela sobre mí ninguna sospecha de desvío de dinero público, no poseo cuentas en el exterior, no oculté del conocimiento público la existencia de bienes personales. Nunca coaccioné o intenté coaccionar instituciones o personas en busca de satisfacer mis intereses”, agregó Rousseff.
Sus declaraciones son una clara referencia a la situación de Cunha, quien además de ser investigado por el caso Petrobras está bajo sospecha de tener cuentas bancarias en Suiza en las que habría depositado dinero obtenido a través de sobornos.
“Tengo convicción y absoluta seguridad en relación a la improcedencia de este pedido (de destitución en su contra), así como en relación a su justo archivamiento. No podemos dejar que conveniencias e intereses indefendibles afecten la democracia y la estabilidad de nuestro país”, subrayó la mandataria, mediante un comunicado divulgado en el Palacio presidencial de Planalto.









