Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Mich., a 31 de mayo del 2020.- Polémica, es la palabra que define a la LXXIV legislatura del Congreso de Michoacán, en la que se han cometido fraudes, se ha aprobado una mayor deuda y se han intentado establecer nuevos impuestos, además de manejos discrecionales de los recursos de los contribuyentes y cuestionadas decisiones como la desaparición de la Junta de Caminos, enfrentando actualmente el pedido de destitución del presidente de la Mesa Directiva y de la Secretaria de Servicios Parlamentarios.
En la LXXIV Legislatura, que inició el 15 de septiembre de 2018 y concluye el 14 de septiembre de 2021, el Ejecutivo del estado, a cargo de Silvano Aureoles Conejo, logró la aprobación de una nueva deuda por cuatro mil 90 millones de pesos y la reestructura de 17 mil 246 millones en la Ley de Ingresos 2020. Así, el Ejecutivo no se fue con las manos vacías, pues la nueva deuda del estado, por más de cuatro mil millones de pesos, fue aprobado a la par.
Sin embargo, entre el 13 de septiembre del 2018 y abril de 2019, la administración de Silvano Aureoles ya había contratado tres mil 900 millones de pesos y por el manejo discrecional de los recursos, diputados de Morena y Partido del Trabajo promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por medio de la LXXIV Legislatura el gobernador promovió también la desaparición de la Junta Local de Caminos, cuya extinción finalmente decretó, dejando desempleados a 400 trabajadores. Hasta enero de 2020, continuaba la controversia legal, en la que intervinieron diputados locales, pero sin resultados favorables.
Otro intento de la comparsa entre el ejecutivo del estado y los políticos de la LXXIV legislatura fue el de implementar los impuestos cedulares, a la venta final de bebidas alcohólicas y cuatro impuestos “ecológicos”. Finalmente, estas iniciativas fueron echadas abajo por el Congreso, a finales de diciembre de 2019, excepto por un impuesto a las mineras.
Estos ejemplos muestran que la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán se ha caracterizado por irregularidades como la dilación de un año para elegir al titular de la Auditoría Superior de Michoacán y la filtración de los resultados de los exámenes a algunos aspirantes a ese cargo, por lo que se presume que quien ahora ocupa el cargo, tuvo la aprobación previa del ejecutivo, aunque se cansen de negarlo.
A finales de diciembre la urna para la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán fue “embarazada” por legisladores que arrojaron a los contenedores boletas de más; por más que repitieron el procedimiento, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que a la fecha no se tiene designado al ombusperson y los diputados siguen haciendo recomendaciones para nuevas contrataciones.
Al mismo tiempo, se señala la entrega de contratos y convenios a favoritos de diputados que conforman la LXXIV Legislatura, ya que se entregaron tres convenios a medios de comunicación de reciente creación y/o “fantasmas”, por más de un millón de pesos, saltándose los requisitos que el Congreso impone.
Actualmente la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentó una denuncia para la remoción del presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz, y pidió la destitución inmediata de la secretaria de Servicios Parlamentarios, Beatriz Barrientos.
A Antonio de Jesús Madriz se le señala por las irregularidades en la aprobación de la nueva Ley de Educación y por haber dado un discurso personal y partidista como presidente de la Mesa Directiva al recibir de manos del gobernador Silvano Aureoles el cuarto Informe de Gobierno, lo que ellos acusan, implicaría un juicio político.
A Beatriz Barrientos, secretaria de Servicio Parlamentarios, la acusan de no cumplir con su función de preparar los elementos necesarios para la celebración de las sesiones, así como de supervisar que cumplan los ordenamientos y acuerdos de la Mesa, la Junta y la Conferencia.
