Guanajuato, Guanajuato, a 14 de octubre de 2026.- Tres personas fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude, luego de que presuntamente utilizaran la asociación civil Recuperadora Green Tire, dedicada supuestamente al reciclaje de llantas, para engañar a por lo menos 13 personas y obtener más de 900 mil pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), las investigaciones permitieron identificar un esquema en el que los involucrados promovían una supuesta iniciativa ecológica y ofrecían subastas de bienes, productos y servicios, con el argumento de que las ganancias serían destinadas a la compra de maquinaria para reciclar neumáticos y desarrollar proyectos en favor del medio ambiente.
Entre 2023 y 2025, la propuesta fue difundida a través de redes sociales, medios de comunicación, cenas y reuniones con familiares y amigos. Como parte de la promoción, presuntamente ofrecían vehículos, muebles, aparatos electrónicos y viajes nacionales e internacionales, que aseguraban habían sido donados por grandes empresas para respaldar las actividades de la asociación.
Sin embargo, las indagatorias ministeriales establecieron que los recursos obtenidos no se destinaban a los fines anunciados y que los bienes y servicios ofrecidos no eran entregados a quienes participaban en las subastas.
La Fiscalía señaló que, bajo esta modalidad, las personas afectadas habrían entregado su dinero con la expectativa de contribuir a un proyecto ambiental y recibir los beneficios ofrecidos, mientras que la asociación presuntamente era utilizada para obtener ganancias particulares, sin que se concretaran las acciones de reciclaje prometidas.
Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Gabriela Alejandra “N”, Julio César “N” y José Alberto “N”, por su probable participación en el fraude denunciado por las víctimas.
La autoridad judicial les impuso medidas cautelares que incluyen la obligación de presentarse a firmar mensualmente, así como la prohibición de salir del país y de la localidad donde residen sin autorización judicial.
Además, se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando información para profundizar en el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución también hizo un llamado a continuar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y avanzar en la identificación de posibles víctimas adicionales relacionadas con el presunto esquema.









