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Mensajear*El nuevo endeudamiento pone bajo escrutinio las prioridades del Ayuntamiento: mientras la administración argumenta falta temporal de efectivo, siguen pendientes explicaciones sobre prestaciones reclamadas, gastos y manejo presupuestario.
Apatzingán, Mich., a 14 de octubre de 2026.- El gobierno de Fanny Arreola necesita financiamiento para cumplir compromisos laborales. El 12 de octubre, el Cabildo autorizó por mayoría un crédito de corto plazo por 10 millones de pesos, después de que la administración argumentara insuficiencia de liquidez para atender nómina y prestaciones. La decisión vuelve inevitable una pregunta: ¿cómo se llegó a necesitar dinero prestado para obligaciones previsibles?
El contraste con las prioridades de gasto tiene una cifra reconocida por la propia alcaldesa. En agosto de 2026, Arreola declaró que la presentación de Gloria Trevi del año anterior costó alrededor de 5 millones de pesos y anunció una feria más austera debido a las condiciones económicas del municipio. Una sola actuación representó el equivalente a la mitad del crédito recién autorizado.
La comparación exige una explicación presupuestaria: qué recursos financiaron el espectáculo, quién autorizó el gasto y cómo se protegieron las obligaciones laborales antes de comprometer millones en entretenimiento.
El tesorero Antonio Cabrera Castañeda sostuvo que el préstamo responde a un desfase temporal en la llegada de participaciones federales y que se pagaría con esos ingresos. La autorización del Cabildo, sin embargo, debe distinguirse de la contratación y entrega del dinero: en los documentos consultados no se pudieron verificar banco, tasa, comisiones, vencimiento ni desembolso.
Los reclamos laborales vienen de meses atrás
La discusión no comenzó con este préstamo. El 4 de diciembre de 2025, integrantes del SUESMA tomaron el Palacio Municipal para exigir diálogo y prestaciones pendientes.
Los dirigentes denunciaron que el Ayuntamiento no entregaba 1 millón 520 mil pesos de la caja de ahorro, integrado con descuentos a los salarios. También reclamaron cuotas sindicales y señalaron 10 millones de pesos de adeudos al ISSSTE generados durante la administración de Arreola, dentro de un acumulado que estimaban en 40 millones. Estos montos son denuncias sindicales pendientes de cotejo documental.
El punto requiere una respuesta concreta: cuánto se descontó a los trabajadores, cuánto se transfirió y qué saldo permanece pendiente. La explicación general de que falta dinero no sustituye la rendición de cuentas sobre retenciones salariales.
En enero de 2026, el conflicto escaló. Representantes sindicales acudieron al Congreso de Michoacán y denunciaron 33 trabajadores de base cesados, además de amenazas de despido contra más de 300 integrantes. Afirmaron que la protesta de diciembre había sido pacífica y motivada por prestaciones retenidas.
Arreola defendió las rescisiones como legales y las relacionó con interrupciones de servicios municipales. En esta revisión no se localizó una resolución laboral que determine cuál de las versiones tiene sustento jurídico.
El presupuesto, bajo cuestionamiento
Durante la discusión del crédito, la regidora Carmen Zepeda señaló que el municipio habría pagado 50 millones de pesos en adeudos de ejercicios fiscales anteriores —ADEFAS—, frente a una previsión de seis millones. También cuestionó 24 millones en apoyos sociales y un presunto subejercicio superior a 70 millones en obra pública. Son señalamientos de la regidora recogidos por la prensa, no hallazgos de auditoría confirmados en esta revisión.
La diferencia de 44 millones en ADEFAS obliga a revisar el presupuesto modificado, las autorizaciones y los acreedores pagados. No equivale automáticamente a dinero desaparecido. Tampoco un subejercicio de obra significa que los recursos puedan utilizarse libremente para salarios.
Otro reporte, publicado el 13 de octubre, identifica 1,786,115.82 pesos en publicidad, alimentos y viáticos durante el primer semestre de 2026, citando el estado presupuestario municipal.
La deuda heredada no exime de explicar la nueva
Arreola en mayo de 2026 anunció una reducción de deuda. La publicación consultada, sin embargo, no presentó una conciliación completa que permitiera comparar saldos iniciales, pagos y nuevas obligaciones.
El préstamo de 10 millones exige más que una promesa de pago. El gobierno de Fanny Arreola debe mostrar cuánto costará, cómo se devolverá y qué medidas impedirán otra insuficiencia de efectivo. También debe explicar cómo encajan los espectáculos millonarios en una administración que enfrenta reclamos laborales.
El saneamiento financiero se acredita con saldos, contratos y pagos comprobables. Mientras esas piezas no puedan verificarse, el crédito recién autorizado deja abierta la pregunta más incómoda para la alcaldesa: ¿sus decisiones de gasto son compatibles con garantizar primero las obligaciones con los trabajadores?
