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MensajearUruapan, Mich., a 9 de enero de 2026.— Hasta hace unos días, su nombre no figuraba en titulares ni en comunicados oficiales. Hoy, Yesenia Méndez Rodríguez, identificada por las autoridades como Yesenia “N”, se encuentra en el centro de uno de los expedientes más delicados y explosivos de la política michoacana: el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Méndez Rodríguez no era una empleada menor. Fue secretaria particular, primero del propio Manzo y después de Grecia Quiroz, actual alcaldesa del municipio y viuda del exedil asesinado. Desde ese cargo, tenía acceso privilegiado a agendas, llamadas, reuniones privadas y movimientos estratégicos del gobierno municipal.
Del escritorio del alcalde al expediente penal
La detención de Yesenia Méndez Rodríguez ocurrió en el marco de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, ejecutado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público. De acuerdo con líneas de investigación, la exsecretaria es indagada por su posible participación indirecta, particularmente por la presunta filtración de información sensibleque habría facilitado el ataque armado.
Aunque hasta el momento no existe una sentencia en su contra, su captura marca un punto de quiebre: por primera vez, la investigación apunta directamente al entorno más cercano del poder municipal.
La mujer que controlaba el acceso al poder
Dentro del Ayuntamiento, Méndez Rodríguez era vista como una figura clave, discreta pero influyente. Quienes la conocieron aseguran que “todo pasaba por ella”: citas, acuerdos, horarios y contactos. Tras el asesinato de Manzo, no fue removida, sino que continuó como secretaria particular ahora al lado de Grecia Quiroz, una decisión que hoy genera fuertes cuestionamientos.
Un caso que sacude al gobierno municipal
La detención de Yesenia Méndez Rodríguez ha provocado nerviosismo político y un silencio casi absoluto en el Ayuntamiento de Uruapan. Fuentes cercanas al caso no descartan que el expediente derive en nuevas detenciones ni que se investiguen posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
La Fiscalía avanza con cautela, pero el mensaje es claro: nadie es intocable, ni siquiera quienes operaban desde la oficina contigua al alcalde.
