Monterrey, NL., a 9 de enero de 2026.— En un operativo que sacudió al mundo periodístico como un trueno a media tarde, autoridades detuvieron al director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, cuando se disponía a viajar desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey. La captura, ejecutada por elementos de la Fiscalía con apoyo de fuerzas federales, encendió de inmediato todas las alarmas.
Testigos describen el momento como fulminante y sorpresivo: el empresario y directivo fue interceptado en zona aeroportuaria y trasladado sin rodeos. La información oficial es escasa y nebulosa, pero se habla de supuestas irregularidades procesales y de una presunta no comparecencia ante una notificación ministerial. Sin embargo, el fondo del caso permanece bajo llave… y la polémica crece.
Desde el propio medio, la respuesta fue explosiva: “detención arbitraria”, “acción orquestada”, “golpe directo a la libertad de expresión”. Las redacciones del país hierven. Organismos como la SIP y la Alianza de Medios ya levantaron la voz y exigen claridad, legalidad y garantías para el ejercicio periodístico. La detención no solo alcanzó a un directivo: sacudió el tablero nacional.
Mientras tanto, la opinión pública se divide. Para unos, se trata de la aplicación fría de la ley. Para otros, huele a presión, hostigamiento y uso del aparato judicial contra voces incómodas. Lo cierto es que el mensaje es estruendoso: un director de uno de los diarios emblemáticos del norte del país fue detenido… y el caso amenaza con convertirse en un símbolo de la batalla entre poder y prensa.








