Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, a 18 de febrero de 2026.- Un Tribunal Federal rechazó conceder el amparo promovido por José Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, con el que buscaba revocar la prisión preventiva justificada que lo mantiene interno en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.
El ex funcionario enfrenta un proceso penal por su presunta participación en un quebranto de tres mil 412 millones de pesos, relacionado con la compra y arrendamiento a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, caso en el que también es señalado el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que una jueza de control lo vinculara a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, todos considerados de alta gravedad.
El amparo fue promovido luego de que, el cuatro de septiembre de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito confirmara la prisión preventiva dictada el dos de marzo del mismo año. Sin embargo, la secretaria en funciones de magistrada instructora, Virginia Jácome Planté, resolvió de manera unitaria negar la protección de la justicia al quejoso, al considerar infundados sus argumentos para enfrentar el proceso en libertad.
En su resolución, el tribunal dio peso a los señalamientos de la FGR sobre el riesgo de fuga, al advertir que el ex secretario cuenta con “diversos domicilios en los cuales podía esconderse”, motivo por el cual fue necesaria su aprehensión.
La fiscalía también destacó la gravedad de las imputaciones y su impacto en la conducta procesal del acusado.
“También es de establecer que se le ha formulado imputación por cuatro diversos delitos, los cuales tienen penas de prisión altas, entre ellos el de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta”, expuso el Ministerio Público, al subrayar que si bien la pena no es un elemento único para imponer la prisión preventiva, “abona para establecer que ello pudiera generar en el ánimo del justiciable, la reticencia a sujetarse al proceso”.
Otro de los puntos centrales para negar el amparo fue el poder e influencia que Bernal Bustamante habría conservado tras su paso por el gobierno estatal. La representación social sostuvo que el imputado “era secretario de seguridad y operaba para Silvano Aureoles, de lo que se infiere que pudiera ejercer cierta presión sobre las personas, incluso tener medios suficientes para evadirse de la acción de la justicia”.
Además, el informe de análisis de riesgo procesal señala que el ex funcionario “cuenta con diversos domicilios en diversas entidades federativas, lo cual es un indicativo de posible sustracción de la acción penal”, así como “diversos registros vehiculares en diversos estados”, elementos que, según la fiscalía, le permitirían trasladarse con facilidad por el país.
Finalmente, la FGR subrayó que los hechos imputados no sólo constituyen un daño económico, sino un riesgo para la sociedad, al afirmar que los ex funcionarios “pusieron en riesgo a la comunidad en general y en específico el patrimonio de los michoacanos, al contratar arrendamientos de cuarteles que no estaban construidos para después lucrar”.
Con la negativa del amparo, José Antonio Bernal Bustamante continuará en prisión preventivamientras se desarrolla el proceso penal en su contra.
