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MensajearJiquilpan, Mich., a 14 de septiembre de 2025.- Un fuerte operativo policial se desplegó en el centro de Jiquilpan luego de que tres civiles armados, haciéndose pasar por policías municipales en una patrulla clonada, intentaran liberar al secretario del Ayuntamiento detenido por su presunta participación en la difusión de videos de amenazas relacionados con las fiestas patrias.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subdirección de Inteligencia Estratégica (SIE), los videos atribuidos al autodenominado “Ejército Purépecha” —que circularon recientemente en redes sociales con advertencias dirigidas a autoridades estatales— habrían sido grabados y almacenados en el teléfono del funcionario municipal.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán se deslindó del supuesto grupo armado, asegurando desconocer su origen y dejando en claro que no forma parte de las comunidades organizadas legalmente en el estado.
Rescate frustrado con violencia
Tras la detención del secretario para ampliar las indagatorias, sujetos fuertemente armados arribaron al centro de la cabecera municipal en una camioneta con balizaje apócrifo, simulando ser elementos de la Policía Municipal de Jiquilpan. Según los reportes, intentaron liberar al funcionario por la fuerza, lo que generó momentos de tensión y agresiones contra agentes estatales.
El operativo de contención permitió neutralizar el intento y detener a los tres individuos, quienes portaban armas de fuego sin número de serie y carecían de cualquier acreditación oficial como policías. Ninguno contaba con CUIP (Clave Única de Identificación Policial) ni estaba registrado en la Licencia Oficial Colectiva del municipio.
Patrulla clonada y armas ilegales
La camioneta utilizada para el frustrado rescate presentaba número de serie alterado, no tenía placas oficiales y mantenía rotulación falsa para aparentar ser una unidad de la corporación local. Tanto el vehículo como las armas quedaron asegurados y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Las autoridades estatales investigan el caso bajo dos vertientes: la presunta participación de funcionarios en la fabricación y difusión de mensajes intimidatorios, y la operación de células armadas que intentan infiltrarse bajo la apariencia de fuerzas de seguridad.
