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MensajearSanta Lucía del Camino, Oaxaca, a 15 de octubre 2025.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el homicidio del joven Diego Ignacio Paz, estudiante de la Anáhuac, a manos elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino fue una ejecución extrajudicial.
Asimismo, el organismo público autónomo indicó los exámenes periciales señalaron que la víctima no se encontraba alcoholizada en el momento de su asesinato, tal y como había mencionado en su momento el alcalde del municipio, Juan Carlos García Márquez.
De igual forma, la DDHPO remarcó que hasta el momento el Gobierno Municipal de Santa Lucía del Camino no inició ninguna acción de responsabilidad administrativa contra los agentes de seguridad pública involucrados.
Según información del organismo, la noche del 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y otro joven que lo acompañaba viajaban en un vehículo, cuando uno de los policías les ordenó bajarse del vehículo en un retén para aplicarles la prueba del alcoholímetro.
Ante la actitud de los uniformados, la víctima y su acompañante trataron de continuar a pie; sin embargo, fueron perseguidos por los agentes, quienes accionaron sus armas y mataron a Diego, mientras que al otro joven lo torturaron encima del techo de una casa
De acuerdo con la DDHPO, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, difundió información falsa en medios de comunicación y en comunicados oficiales en los que afirmó que los jóvenes se encontraban alcoholizados.
Igualmente, el organismo público recalcó que no hay ninguna evidencia de que durante su huida atropellaron a un elemento de seguridad pública, como declaró el edil García Márquez.
Cabe señalar que la autopsia reveló que Diego Ignacio Paz recibió dos disparos por la espalda, a la altura de la cadera, y que incluso lo patearon y torturaron pese a que se encontraba herido por los disparos del arma de fuego.
Además, informó que los policías que participaban en el operativo alcoholímetro no estaban certificados ni capacitados, y que por tanto, primero, no debieron ser contratados, y en segundo, no tenían derecho a portar armas de fuego.
