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MensajearCuernavaca, Morelos, 21 de mayo del 2026.- Las investigaciones federales sobre la llamada “Operación Enjambre” destaparon una presunta red de protección política y criminal en Morelos que, según la Fiscalía General de la República, habría permitido al Cártel de Sinaloa operar con libertad en varios municipios del estado.
Detrás del caso aparecen alcaldes, funcionarios municipales y personajes ligados a campañas políticas.
Todo comenzó a tomar fuerza tras la captura del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.
Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades señalaron que ambos mantenían presuntos vínculos con operadores del crimen organizado relacionados con el grupo encabezado por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.
De acuerdo con las indagatorias, el supuesto esquema no se limitaba únicamente a reuniones o contactos aislados.
La FGR sostiene que el grupo criminal habría financiado campañas políticas durante el pasado proceso electoral para ganar influencia dentro de presidencias municipales y asegurar protección para sus operaciones en la región.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue una fotografía integrada a la carpeta de investigación.
En la imagen, difundida previamente en medios de comunicación, presuntamente aparecen “El Barbas”, el alcalde detenido de Atlatlahucan y el actual alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien ahora es buscado por las autoridades y señalado como prófugo.
Las investigaciones también apuntan a que la presunta infiltración alcanzó áreas estratégicas de distintos ayuntamientos.
Entre los señalados aparecen funcionarios de Cuautla como el secretario municipal Horacio Zavaleta Malacara, el tesorero Jonathan Espinoza Salinas y el oficial mayor Pablo Portillo Galicia. Además, las autoridades mencionan a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata ligada a la coalición Morena-PT-PVEM en Atlatlahucan.
Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la red criminal tenía presencia activa en al menos ocho municipios de Morelos.
Mientras continúan las detenciones y órdenes de aprehensión, el caso ha provocado fuertes cuestionamientos sobre el nivel de penetración del crimen organizado en gobiernos locales y procesos electorales de la entidad y en el país.
