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Mensajear*A casi un año del caso de “El Camaritas”, quien apareció en una grabación señalando la instalación de cámaras para un grupo criminal y con tolerancia policial municipal, la Fiscalía vuelve a retirar dispositivos ilegales de postes públicos. Los operativos mantienen abierta la exigencia de esclarecer responsabilidades y evaluar la actuación municipal.
Apatzingán, Mich., a 20 de octubre de 2026.- A dos días de cumplirse un año de la publicación del caso de “El Camaritas”, un sujeto que aseguró en un interrogatorio dedicarse a la instalación de sistemas de vigilancia para el crimen organizado y con permiso de mandos policiacos, la problemática vuelve a ocupar la agenda de seguridad de Apatzingán. La Fiscalía General de Michoacán anunció el retiro de seis cámaras instaladas sin autorización en la zona Centro y en colonias del norte y noreste del municipio. El nuevo hallazgo coloca nuevamente al gobierno de Fanny Arreola Pichardo en la mira pública por su omisión frente a la instalación de cámaras parásitas en la que sus propios agentes participarían en colusión con delincuentes.
Ocho reportes fechados entre febrero y octubre de 2026 suman 66 cámaras retiradas en Apatzingán. En el caso más reciente, 6 cámaras fueron desinstaladas en colonias del centro, norte y noreste de la ciudad.
La reiteración de hallazgos tiene un peso político para la administración municipal: los dispositivos siguen apareciendo en espacios céntricos, avenidas y calles donde su policía tiene responsabilidades de vigilancia.
“El Camaritas”: el señalamiento que precedió a los operativos
El 22 de octubre de 2025, Noventa Grados documentó un caso que puso bajo sospecha la utilización de infraestructura de vigilancia en Apatzingán. Un hombre identificado como Fabián Figueroa Andrade, alias “El Camaritas”, apareció en una grabación, interrogado por un captor, declarando haber instalado 57 cámaras para los Caballeros Templarios.
Según esas publicaciones, el hombre señaló presunta tolerancia de Jesús Rangel Barajas, conocido como “Chucho Rangel” o “El Lobo”, e identificó al operador criminal apodado “El Yupo” como el encargado de la logistica de vigilancia. Horas después de difundirse el video, apareció el cadáver del “Camaritas” con huellas de violencia.
La grabación constituye un antecedente público relevante de los aseguramientos posteriores.
Sin embargo, lejos de esclarecer quién instalaba las cámaras, quién recibía las imágenes y si algún servidor público facilitó su funcionamiento, el Ayuntamiento dejó pasar el asunto y toleró la proliferación de cámaras clandestinas en espacios clave para la seguridad y ciudadanía.
La Fiscalía vuelve a intervenir
En el operativo informado este martes participaron la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil. Las seis cámaras fueron localizadas en postes de energía eléctrica y telefonía, en puntos de la zona urbana.
La Fiscalía señaló que estos sistemas pueden servir para alertar sobre la presencia de autoridades y facilitar actividades delictivas. Los equipos quedaron a disposición del Ministerio Público para investigar su origen, funcionamiento y posible relación con delitos.
Un año de señalamientos y una explicación pendiente
El recuento de 66 cámaras incorpora siete reportadas en febrero; once en marzo; catorce en abril; siete en mayo; siete y trece en dos reportes de julio; una en agosto y las seis anunciadas este martes.
Las cifras obligan a examinar la incapacidad de las autoridades municipales para impedir la instalación de sistemas clandestinos. Y colocan sobre el gobierno municipal una exigencia concreta: presentar registros de detecciones propias, denuncias canalizadas, intervenciones realizadas y medidas para prevenir nuevas instalaciones.
La responsabilidad penal de quienes colocaron u operaron los dispositivos debe establecerse mediante investigaciones. La responsabilidad política de Fanny Arreola consiste en responder por la omisión de su administración ante un problema públicamente señalado desde 2025.
Apatzingán vuelve a ver cámaras retiradas de sus postes, pero el gobierno de Fanny arreola todavía no puede demostrar que quiere impedir que esos mismos espacios sigan disponibles para la vigilancia clandestina.
