Mil 900 disparos y 30 personas para matar a un hombre: uno de los mayores ataques en la historia de Guadalajara y peligrosa postal de México 

Guadalajara, Jal., a 1 de enero de 2026.– No fue un ataque. Fue una operación de guerra. La ejecución del empresario bodeguero Alberto Prieto, registrada el lunes en Guadalajara, dejó una imagen que estremece incluso a un país acostumbrado a la violencia: 30 sicarios, siete vehículos y casi mil 900 casquillos de bala regados sobre el asfalto. Una demostración de fuerza tan brutal que obliga a replantear si el crimen organizado ya no actúa en México como una amenaza, sino como un poder armado paralelo.

La magnitud del tiroteo rompe cualquier parámetro reciente. Por su duración, intensidad y logística, el ataque podría superar incluso el fuego cruzado de 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara, en un episodio que marcó para siempre la historia del narcotráfico en el país.

Tres décadas después, la escena se repite, pero con una diferencia inquietante: hoy los grupos criminales parecen mejor armados, mejor coordinados y más dispuestos a exhibir su poder sin pudor alguno, incluso en el corazón de una capital estatal.

El mensaje es brutal y directo. Para asesinar a Prieto no bastó un sicario ni una ejecución discreta. Se desplegó una fuerza capaz de cerrar calles, sitiar una zona urbana y disparar durante minutos sin que nada ni nadie interrumpiera la masacre.

El hecho plantea una disyuntiva que resulta igual de alarmante en cualquiera de sus escenarios: o el empresario era mucho más relevante de lo que se conocía públicamente, o el país ha llegado a un punto en el que matar con cientos de disparos es ya un acto rutinario para las organizaciones criminales.

Lo ocurrido en Guadalajara no es un caso aislado ni un simple ajuste de cuentas. Es una radiografía del México actual, donde la violencia ha escalado a niveles que hace 30 años parecían impensables y donde el crimen organizado ya no se oculta, se exhibe.

Mientras las autoridades prometen investigaciones, los casi dos mil casquillos quedan como testigos mudos de una realidad incómoda: el poder de fuego del crimen organizado no sólo persiste, se ha normalizado.

Y en esa normalización, el verdadero blanco no fue sólo Alberto Prieto, sino la idea misma de que el Estado controla el territorio.