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MensajearAlmoloya, Mex., a 26 de noviembre de 2025.- El proceso por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dio un giro intenso en su más reciente audiencia. Jorge Armando “N.”, conocido como “El Licenciado”, negó con firmeza ante el juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, pertenecer a un grupo criminal, y aseguró haber sido víctima de tortura desde su detención. Estas acusaciones han abierto un nuevo flanco de controversia en un caso que ya mueve expectativas nacionales.
Durante la audiencia, “El Licenciado” relató que fue detenido el 18 de noviembre en Morelia, cuando se dirigía al partido de fútbol de su hijo. Según su versión, hombres encapuchados lo detuvieron, lo golpearon y lo amenazaron, y desde ese momento no le permitieron comunicarse con su familia.
Comentó que la primera vez que pudo tener contacto con un familiar fue hasta el 20 de noviembre, cuando un actuario llegó con un amparo, según documentaron medios nacionales con acceso a la audiencia.
La defensa de “El Licenciado” reforzó su estrategia y pidió que se investiguen estos señalamientos de tortura, argumentando que los cargos presentados por la Fiscalía carecerían de sustento si se comprueban las irregularidades denunciadas. En medio del juicio, se reportaron fallas técnicas en el audio de la audiencia remota, lo que provocó un receso mientras se revisaban los 25 datos de prueba presentados por la Fiscalía.
Por otra parte, el propio acusado presentó ante el juzgado su trayectoria profesional. Afirmó ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, con experiencia en proyectos de construcción, colaboraciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), labores tras el sismo de 2017 y participación en actividades del Congreso de la Unión. Desde 2024, sostiene que trabaja como contratista independiente de obra pública y asesor en Michoacán. Según su defensa, esa historia laboral sería verificable en dependencias oficiales y contradice el retrato que lo sitúa como operador del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Aunque los cargos en su contra —homicidio calificado y lesiones— se mantienen, así como la medida de prisión preventiva en el penal del Altiplano, las acusaciones de tortura y la negación de vínculos con el crimen organizado han generado dudas profundas sobre la fortaleza de la causa penal. Los siete escoltas del alcalde también han ampliado su defensa, en medio de señalamientos por homicidio doloso por omisión, lo que añade más presión y complejidad al proceso.
