Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- A raíz del reciente explosión del coche bomba en Coahuayana, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró la situación legal de los elementos de la Policía Comunitaria, señalando que ninguno de sus integrantes ha sido llamado a declarar ni se encuentra bajo investigación formal por los hechos.
El Fiscal indicó que, si bien se está trabajando en la identificación de los responsables del atentado, la indagatoria se centra en la posesión de explosivos, agresión a fuerzas federales y posible homicidio de los atacantes, con indicios que apuntan a una fricción entre grupos criminales, posiblemente el Cártel de Jalisco.
Torres Piña enfatizó que la legitimidad y el estatus operativo de esta fuerza local recaen en la autoridad municipal, en el que se incluye cuántos elementos la integran.
"Nosotros tenemos también policías de Guardia Civil adscritos al municipio, uno de ellos que fue realmente lesionado, también hay un ejercicio muy local de policía comunal que corresponde a la propia dinámica de la actuación y de la supervisión, en este caso de la directora municipal de seguridad pública, vamos a ver el alcance que tienen con sus documentos de la policía municipal en cuanto a posible portación de armas y sobre esto determinar el estatus de ellos", explicó el fiscal.
Subrayó que la revisión del armamento que porta esta guardia comunitaria corresponde al Secretariado Ejecutivo Estatal y la Sedena y debe realizarse cada seis meses.
"Vamos a comentar con ellos cuál fue la última revisión que se pudo hacer", comentó Torres Piña.
Al ser cuestionado sobre la legitimidad de la Policía Comunitaria, el Fiscal fue claro: "solo aquellos que estén dados de alta como policías municipales son reconocidos formalmente". Desconoció cuántos elementos de Coahuayana cuentan con ese estatus oficial, remitiendo esa información al municipio para que determinen su situación legal.
