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MensajearQuerétaro, Querétaro, a 30 junio 2026.- El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que un juez de control dictó prisión preventiva justificada en contra de un médico especialista en neurocirugía, quien es investigado por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual cometidos en contra de sus propios pacientes.
El imputado, quien inicialmente enfrentaba dos procesos en libertad bajo medidas cautelares como el uso de un brazalete electrónico, fue reaprehendido tras la acumulación de una tercera carpeta de investigación por hechos similares. Tras ejecutarse una orden de cateo y aprehensión, la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso en esta tercera causa penal.
"Para nosotros siempre existió un riesgo para la comunidad que justificaba que a esta persona se le decretara la prisión preventiva justificada (...) Al día de hoy, tendrá que someterse a sus tres procesos en prisión".
Como parte de las medidas cautelares y con el fin de salvaguardar a la ciudadanía, la autoridad judicial ratificó la suspensión total de su ejercicio profesional.
El fiscal de Querétaro detalló que ya se logró realizar la anotación correspondiente tanto en las plataformas oficiales como en la página de consulta de cédulas profesionales del Gobierno Federal, asegurando con ello que el imputado no pueda ejercer la medicina ni su especialidad médica como neurocirujano.
Respecto a los indicios localizados durante los cateos realizados en propiedades del médico, De Jesús Hernández confirmó que la institución tiene conocimiento de más casos de víctimas, aunque omitió revelar el número exacto debido al sigilo de las investigaciones vigentes.
"Los casos de las víctimas los tenemos que guardar con secrecía y en sigilo porque son temas que se encuentran en curso. Lo único que sí podría confirmar es que sí sabemos que existen otros casos".
Recalcó que la dependencia a su cargo cuenta con el sustento técnico, pericial y ministerial necesario en las tres carpetas judicializadas para obtener un fallo condenatorio en los tribunales, vigilando en todo momento el debido proceso y evitando la revictimización de los afectados.
