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MensajearCiudad de México, 17 de diciembre del 2025.- María Elena Martínez Robles, quien fuera presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue condenada a 70 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en el homicidio de dos servidores públicos del ayuntamiento, ocurrido en enero de 2023.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que logró acreditar la participación directa de la exalcaldesa en el asesinato del síndico municipal, identificado con las iniciales G.J.R., así como de su chofer, M.A.L.C. Los hechos fueron esclarecidos como parte de las investigaciones de la denominada Operación Enjambre.
De acuerdo con las indagatorias, ambas víctimas fueron enviadas a una zona considerada de alto riesgo, controlada por grupos delictivos que operan en la región, mientras se encontraban en funciones oficiales. Esta instrucción habría sido dada por la entonces alcaldesa, y los funcionarios ya no regresaron con vida.
El Ministerio Público estableció que Martínez Robles ordenó directamente a integrantes de una organización criminal con origen en Michoacán que asesinaran al síndico municipal, con el objetivo de mantener el control absoluto de las decisiones dentro del gobierno local. Las investigaciones revelaron que la exfuncionaria sostuvo una llamada telefónica con un miembro de dicho grupo criminal, a quien solicitó “quitar del camino” al síndico para poder continuar con su gestión sin oposición.
Como parte del plan, el 25 de enero de 2023, el funcionario fue enviado bajo engaños a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan, donde se concretó el crimen. Además, la Fiscalía documentó que la entonces presidenta municipal participó en diversos encuentros con integrantes de la célula delictiva para coordinar su relación con la administración municipal.
La detención de María Elena Martínez Robles se logró mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Con base en las pruebas presentadas, un juez determinó su culpabilidad y le impuso una pena de 70 años de cárcel, además del pago de una multa por reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada una de las víctimas. Asimismo, se ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
