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MensajearRincón de Romos, Ags., a 3 de agosto de 2025.- La reciente vinculación a proceso de 16 personas detenidas en la sierra de Pabellón de Hidalgo ha sacudido a la sociedad aguascalentense. Durante la audiencia judicial, autoridades federales revelaron que el lugar operaba como un supuesto “campo de adiestramiento”, el primero identificado con esas características en el estado.
El operativo que derivó en las detenciones se desplegó tras un ataque armado a un helicóptero de vigilancia. Según fuentes federales, el dispositivo fue reforzado ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, atribuyó el descubrimiento a denuncias anónimas por presencia de hombres armados en la zona.
En el sitio, que no presentaba delimitaciones claras, fueron halladas evidencias de ocupación prolongada: alimentos, artículos personales, utensilios de cocina y chalecos antibalas con la insignia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se decomisó armamento exclusivo del Ejército, incluidos cargadores, cartuchos y un lanzagranadas, así como más de 740 gramos de clorhidrato de cocaína.
Durante la audiencia, la jueza de distrito Yuridia Bello Camacho ordenó abrir una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de los detenidos, varios de los cuales presentaban lesiones visibles, como quemaduras y contusiones. Uno de ellos, Hermelindo Rodríguez, fue herido de bala, y otro está siendo evaluado por un posible daño renal grave.
Familiares de los acusados denunciaron que sus hijos fueron reclutados mediante ofertas laborales falsas y que perdieron contacto con ellos semanas antes del operativo. Algunos proceden de colonias marginadas de la capital, donde, según organizaciones civiles, el reclutamiento forzado se ha intensificado sin respuesta adecuada de las autoridades.
El Ministerio Público solicitó que los 16 adultos fueran enviados a penales federales en Michoacán, Guanajuato y Chiapas, argumentando riesgos de seguridad. La jueza aceptó la petición, lo que generó angustia entre las familias, que enfrentan barreras económicas para acompañar a sus hijos en un proceso que ahora se desarrolla a cientos de kilómetros de distancia. Se desconoce si los otros dos detenidos, identificados como colombianos, pudieron sortear esta medida.
“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? Apenas tenemos para comer”, lamentó Verónica Torres, tía de uno de los detenidos. La audiencia se llevó a cabo sin presencia física de los familiares, quienes solo pudieron seguirla desde una sala anexa.
Mientras la Fiscalía estatal insiste en que los jóvenes se integran voluntariamente al crimen organizado, colectivos de búsqueda y derechos humanos desmienten esa narrativa. En conferencia de prensa, el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia presentó testimonios que refuerzan la hipótesis del reclutamiento forzado como fenómeno creciente en el estado.
“Negar esta realidad solo entierra la posibilidad de justicia”, declaró Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género. Agregó que algunas desapariciones ya han sido documentadas como secuestros, y que muchas familias se ven obligadas a buscar a sus hijos no solo en fosas y anexos, sino también en centros penitenciarios.
Las madres también señalaron actos de encubrimiento institucional, como el retiro de fichas de búsqueda en zonas turísticas para “no afectar la imagen” del estado. “Nos quieren pintar un Aguascalientes que ya no existe”, expresó Olivia Muñoz Campos, madre de un joven desaparecido.
