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MensajearApatzingán, Mich., a 3 de octubre de 2025.- En medio de los campos de limón que rodean El Guayabo, poblado de Tierra Caliente de Michoacán , donde a mediados de julio estallaron combates entre grupos armados, periodistas y defensores de derechos humanos hallaron un rastro inquietante: docenas de casquillos de alto calibre con marcas que los vinculan directamente a una fábrica de municiones propiedad del Ejército de Estados Unidos.
Los casquillos —entre ellos de calibres 5.56 mm y .50 BMG, usados en rifles de asalto y armas de francotirador— fueron recolectados días después de un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo conocido como Caballeros Templarios, brazo armado de Cárteles Unidos, de acuerdo con un trabajo del medio estadounidense The Intercept.
Varios de ellos llevaban la inscripción “LC” seguida de los números “19”, “22” y “23”, una codificación que corresponde a Lake City Ammunition, una de las fábricas de municiones más grandes del mundo, ubicada en Independence, Misuri.
Fundada en 1941 y actualmente operada por Winchester bajo supervisión de la Joint Munitions Command del Ejército estadounidense, Lake City produce más de 1,600 millones de cartuchos por año para las fuerzas armadas de EE. UU. y el mercado civil. Investigadores han documentado que parte de esta producción llega legalmente a tiendas estadounidenses y, posteriormente, es traficada hacia México por redes criminales, alimentando la violencia en regiones rurales.
Esto quiere decir que lasmismas balas que fabrica el gobierno de Estados Unidos para sus soldados están apareciendo en pueblos mexicanos arrasados por la guerra del narco. Los casquillos recolectados en El Guayabo muestran que esto no es una hipótesis: hay evidencia física directa.
La presencia de municiones de Lake City en zonas de conflicto en Michoacán ocurre mientras Washington ha clasificado a grupos como CJNG y Cárteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, abriendo la puerta a operaciones militares unilaterales. Sin embargo, no existen controles efectivos para impedir que la producción armamentista estadounidense termine en manos de estos mismos grupos.
De acuerdo con estimaciones de especialistas, alrededor de 200,000 armas y piezas de equipo militar cruzan cada año la frontera sur, muchas adquiridas legalmente en armerías de Texas, Arizona o Missouri mediante prestanombres.
Las inspecciones federales son mínimas: en EE. UU. hay más de 78,000 establecimientos que venden armas, pero solo 800 inspectores del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para vigilarlos.
En El Guayabo, los casquillos de Lake City quedaron esparcidos entre casas perforadas por ráfagas y techos destruidos por bombas lanzadas desde drones. Para sus habitantes, no se trata de un dato técnico: es la evidencia de cómo la guerra que se libra en Washington tiene consecuencias letales en pueblos mexicanos abandonados a su suerte.
