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MensajearMorelia, Mich., a 14 de agosto de 2026.— La actuación de las autoridades estatales permitió llevar ante la justicia a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señalado por presuntas irregularidades, luego de que un juez determinara vincular a proceso por el delito de fraude a Emir “N”, quien se desempeñaba en la Coordinación de Comisarías Regionales de la Guardia Civil.
El caso exhibe la intervención de las instituciones de procuración y administración de justicia frente a conductas que, presuntamente, habrían buscado aprovechar mecanismos legales y administrativos para evitar una determinación relacionada con su función dentro de la corporación policial.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, desde el 10 de marzo de 2026 Emir “N” debía dejar sus actividades en Morelia y trasladarse a otra región del estado con el objetivo de reforzar el estado de fuerza de la Guardia Civil.
El funcionario recurrió entonces a la vía judicial mediante un amparo promovido ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Michoacán, identificado con el número 321/2026, argumentando motivos de salud y la necesidad de permanecer en la capital para mantener la convivencia con sus hijos.
Aunque inicialmente obtuvo una suspensión temporal, la resolución judicial estableció condiciones claras: mientras se garantizaran sus derechos laborales, atención médica y las herramientas indispensables para desempeñar la función policial, debía cumplir con el cambio de adscripción.
La situación tomó mayor relevancia al analizarse los argumentos utilizados para justificar su permanencia en Morelia.
El expediente refiere que Emir “N” presentó en distintas ocasiones incapacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social relacionadas con una lesión que, presuntamente, le impedía efectuar labores de alto riesgo físico y utilizar equipo como chaleco balístico o armas de fuego.
Sin embargo, las autoridades habrían identificado elementos que contrastaban con dicha condición, entre ellos registros de que el funcionario realizaba actividades físicas en gimnasios de Morelia.
A ello se sumó otro elemento utilizado para sustentar su permanencia en la capital: la convivencia con sus hijos. En un juicio ordinario oral familiar, identificado con el número 124/2026, se habría documentado que desde hacía más de un año presuntamente incumplía obligaciones alimentarias y de convivencia.
Pero las inconsistencias no terminarían ahí.
El 7 de mayo de 2026, Emir “N” promovió ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción el juicio JA-0151/2026-III, mediante el cual reclamó el supuesto adeudo de dos periodos vacacionales.
La propia documentación señala, sin embargo, que esos periodos ya habían sido disfrutados: uno del 3 al 14 de marzo de 2025 y otro del 2 al 13 de marzo de 2026.
Con el avance de las investigaciones y la presentación de estos elementos ante la autoridad judicial, el caso llegó a una nueva etapa: un juez estatal determinó vincular a proceso a Emir “N” por el delito de fraude.
La resolución representa un nuevo paso de las instituciones encargadas de investigar y sancionar posibles actos contrarios a la ley, incluso cuando los señalamientos involucran a integrantes de las propias corporaciones de seguridad.
El proceso continuará conforme a las etapas previstas por la legislación, mientras será la autoridad judicial la encargada de determinar, con base en las pruebas que se presenten, la responsabilidad que pudiera corresponder al funcionario.
