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MensajearAcapulco, Gro., a 24 de diciembre de 2025.— Después de meses de confrontación legal y denuncias cruzadas, el martes 23 de diciembre la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución contundente: no existe Violencia Política de Género ni revictimización en contra del medio digital “Acapulco Trends”, dando la razón al medio en una disputa que ha encendido las alarmas sobre la libertad de expresión en Guerrero.
Este desenlace pone fin —al menos jurídicamente y temporalmente— a una serie de acciones que Acapulco Trends ha denunciado como intentos sistemáticos de censura y hostigamiento institucional por parte de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
El origen del conflicto
El conflicto se remonta a 2023, cuando Acapulco Trends publicó investigaciones periodísticas que cuestionaban el manejo de 898 millones de pesos destinados a obra pública y atención tras el huracán Otis, recursos que, según el medio, carecían de comprobación clara y despertaron sospechas de presunta corrupción en la administración municipal.
En respuesta, la alcaldesa interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), acusando al medio de violencia política de género por sus publicaciones. Más allá de cualquier debate sobre contenido, la acusación se basó en la interpretación de que algunas expresiones publicadas rebasaron el marco de la crítica legítima y constituían ataques basados en género.
Sanciones contradictorias y polémicas
En julio de 2025, el TEEG sancionó al director de Acapulco Trends, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, con medidas que incluyeron una multa superior a 22 mil pesos; disculpas públicas obligatorias durante 15 días consecutivos; difusión de la sentencia por 30 días; y la asistencia a cursos de sensibilización en derechos humanos y género.
El medio denunció que muchas de estas medidas eran desmedidas, inconstitucionales y que nunca se les notificó formalmente sobre el procedimiento, lo que les impidió ejercer una defensa adecuada.
Más grave aún, Acapulco Trends argumentó que la denuncia se presentó exclusivamente tras el cuestionamiento público sobre la posible malversación de recursos post-Otis, y que el proceso fue utilizado como herramienta para intimidar y amedrentar al medio.
Denuncias de censura y hostigamiento
El conflicto derivó en un choque frontal entre Acapulco Trends y la administración municipal. El medio señaló que López y su equipo legal —10 abogados pagados con dinero público— han impulsado estrategias legales prolongadas para desgastar al medio; se registraron descalificaciones públicas contra el trabajo periodístico, calificándolo como “no periodístico”; hubo suspensión temporal de Acapulco Trends durante casi un mes, lo que, según el medio, afectó el derecho de la ciudadanía a estar informada; asimismo, funcionarios y asesores vinculados a la alcaldesa habrían participado en una campaña sistemática de deslegitimación y ataques personales.
Estas actuaciones, sostiene el medio, representan un patrón de censura institucional disfrazado de procesos legales legítimos.
Veredicto federal: libertad de expresión por encima de la presión
Este martes, el TEPJF resolvió que la segunda denuncia presentada por la alcaldesa carece de mérito, al no acreditar los elementos que configuran violencia política de género, y subrayó que las críticas políticas, incluso incisivas, están amparadas por la libertad de expresión, especialmente cuando se dirigen a figuras públicas.
El tribunal incluso hizo un llamado explícito a la alcaldesa López a mostrar “mayor margen de tolerancia ante la crítica”, reforzando que las figuras públicas deben soportar cuestionamientos aún duros.
Reacción del medio y cierre del capítulo
En un comunicado oficial, Jesús Castañeda reafirmó el compromiso de Acapulco Trends con la libertad de prensa y la fiscalización del poder:
“La crítica no puede ni debe ser castigada desde el poder. Continuaremos informando con responsabilidad, independencia y compromiso con nuestra audiencia.”
La resolución del TEPJF es vista como una victoria para la libertad de expresión en Guerrero, y un llamado de atención sobre el uso —y posible abuso— de denuncias por violencia política de género como herramientas para acallar voces críticas.
