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MensajearMorelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- El Gobierno de Michoacán inició una depuración interna en sus cuerpos de seguridad luego de que denuncias ciudadanas derivaran en la puesta a disposición de nueve elementos de la Guardia Civil por presuntos actos de abuso de autoridad y corrupción, en un contexto marcado por la reciente eliminación de las multas de tránsito en la entidad.
La medida se da tras la firma de un decreto estatal que abrogó las multas, con el objetivo de eliminar cualquier práctica de amedrentamiento, extorsión o cohecho contra la ciudadanía.
En rueda de prensa, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el combate a la corrupción dentro de los cuerpos policiales será permanente y sin excepciones, al subrayar que el enfoque de la estrategia de seguridad está en la protección de las personas y no en la recaudación ni en asuntos administrativos.
“Estamos enfocados en la seguridad, no en multar a los ciudadanos. Si se presenta un caso de corrupción, se va a investigar y no habrá impunidad”, señaló.
Desde diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, la puesta a disposición de cuatro elementos de la Guardia Civil, tras una denuncia ciudadana por presuntas conductas indebidas, en un hecho que marcó el inicio público de la política de cero tolerancia.
Días después, ya en enero, un segundo evento derivó en la puesta a disposición de cinco elementos más, luego de una nueva denuncia por presunto abuso de autoridad. En ambos casos, la SSP informó que se actuó de manera inmediata, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán.
La dependencia estatal ha señalado que la difusión de estos casos forma parte de una estrategia de transparencia y rendición de cuentas, en la que se busca enviar un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: las denuncias sí tienen consecuencias.
Desde la Secretaría de Seguridad Pública se reiteró que la atención a señalamientos contra elementos en funciones no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia permanente de limpieza institucional, encabezada por el titular de la dependencia, José Antonio Cruz y respaldada por el Ejecutivo estatal.
