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MensajearMorelia, Michoacán, 6 de junio de 2023. “Me uno a la petición de las y los demás presidentes de tribunales del país, para recibir el respaldo presupuestario por parte del Poder Legislativo Federal, para la próxima responsabilidad de las judicaturas locales para la correcta aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, expresó el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán Jorge Reséndiz García.
Lo anterior, al participar en la reunión de trabajo convocada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), junto a integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para dialogar en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
Al tomar la palabra, Reséndiz García agradeció la apertura de los legisladores federales para escuchar lo que tienen por compartir quienes representan a los tribunales, en el marco de la próxima implementación de dicha reforma.
Refirió que desde 1996 se experimenta una intensa dinámica legislativa que inició con la reforma al Código de Comercio, posteriormente la justicia penal oral y en el ámbito laboral, todas de naturaleza federal, así como la justicia familiar en Michoacán en 2015.
En este sentido, mencionó que la actividad de generar o modificar leyes, es muestra de que los legisladores estatales y federales han estado atentos a las necesidades de la sociedad para abonar a su armonía; al mismo tiempo reconoció que toda reforma, necesariamente, debe ir acompañada del presupuesto pertinente para su implementación y consolidación.
El presidente explicó que las materias mercantil, familiar, penal y más recientemente, la laboral, establecieron procedimientos orales para la realización de audiencias, lo que implicó la existencia de espacios equipados con las herramientas adecuadas.
Por ello, Reséndiz García enfatizó que el CNPCF implica un cambio radical a la forma de administrar justicia, ya que contempla procedimientos y nuevos mecanismos para su iniciación, sustanciación y solución, “lo que trae como consecuencia, mayores requerimientos tanto humanos, como materiales, tecnológicos y de capacitación”.
“Para que el sistema que está por iniciar pueda cumplir con los principios procesales que contempla dicho ordenamiento legal, además de la plantilla laboral, se necesitarán espacios físicos para salas de oralidad, equipamiento tanto mobiliario como tecnológico”, finalizó.
