Morelia, Michoacán; 17 de diciembre de 2021.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán firmó un convenio de colaboración con los pueblos originarios del estado, para trabajar en conjunto en este tema y la instauración de sus entidades de seguridad comunitaria.
Al respecto, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el estado tiene la obligación de atender y programar la seguridad de las comunidades indígenas, dando el reconocimiento a la ciudadanía como iguales, laborando sin distingos y reconociendolos como autoridades.
Ramírez Bedolla subrayó que es necesario primero lograr el autogobierno y posteriormente trabajar en la integración de sus fuerzas policiales, además de trabajar en la reforma a la ley de seguridad pública para que reconozca las policías comunitarias y les permita, por ejemplo, la posesión de armamento.
José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública del Estado, recalcó que el plan de seguridad está construido de manera multiétnica y multilingüe, adaptado a los ciudadanos que habitan las comunidades originarias del estado, pues ellos tienen el derecho de determinar su convicción política y el estado la obligación de brindarles seguridad pública.
Agregó que el gobierno de Michoacán está en el entendido de respetar los autogobiernos indígenas bajo sus usos y costumbres, por ello, brindarán el auxilio para la formación de cuerpos de seguridad interna y la capacitación de quienes decidan formar parte de esas instituciones.
De esta manera, enfatizó que no habrá imposición en los cuerpos policiales de los pueblos originarios.
En representación de los asistentes, Juana Morales exigió una mesa de trabajo para dar continuidad a los trabajos en Arantepacua, pues consideró que cada comunidad tiene necesidades diferentes, "el mismo estado nos ejecuta", enfatizó; "debemos de seguir trabajando en materia de seguridad hasta ver un Michoacán tranquilo" prosiguió, pues dijo que se han normalizado los delitos en los pueblos originarios.
Cabe destacar que por este convenio, se dotará de armamento e infraestructura por parte de todas las instituciones de seguridad pública del estado, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, así como la representación federal con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ramírez Bedolla reconoció que hay muchos pendientes por resolver, como el caso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Arantepacua, y el avance de otros temas particulares de las regiones.









