Ciudad de México, a 16 de julio de 2026.- El partido político Somos México, que recientemente obtuvo su registro, manifestó su rechazo a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y exigió su liberación inmediata e incondicional. La organización calificó como un "atropello inaudito" la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de delincuencia organizada y de participar en una red de tráfico ilegal de combustibles.
A través de un comunicado, la fuerza política sostuvo que las acusaciones contra quien forma parte de su Consejo Consultivo responden a una estrategia para desviar la atención pública del caso que involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, luego de la difusión de audios en los que presuntamente reconoce negociaciones con autoridades estadounidenses al margen de la ley.
Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN), instituto político en el que Ruffo Appel militó durante décadas y con el que se convirtió en el primer gobernador de oposición en el país, expresó preocupación por el momento en que ocurrió la detención. En un posicionamiento, señaló que el caso coincide con el creciente escrutinio sobre Marina del Pilar, quien, afirmó, aún no ha respondido de manera suficiente a los señalamientos en su contra.
El PAN confió en que el exmandatario podrá aclarar las imputaciones conforme avancen las investigaciones y pidió que la ley se aplique con imparcialidad, sin motivaciones políticas ni criterios discrecionales. Además, sostuvo que las autoridades deben actuar con el mismo rigor en otros casos con denuncias públicas, como los relacionados con los gobernadores Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar.
En su comunicado, Somos México también acusó al Gobierno federal de intentar desviar la atención de presuntos casos de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado que involucran a funcionarios y gobernadores afines al oficialismo. Asimismo, recordó que Ruffo Appel ya había expuesto previamente ante autoridades y medios de comunicación que las acusaciones carecen de sustento, al asegurar que la empresa de la que es socio opera con autorización de las aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.
Finalmente, la organización señaló a la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, de actuar de manera abusiva contra el exgobernador, al tiempo que afirmó que las autoridades federales han omitido investigar lo que calificó como un fraude fiscal relacionado con el tráfico ilegal de combustibles, en el que, aseguró, estarían implicadas dependencias federales y diversos gobiernos estatales.









