Compartir
Twittear
MensajearApatzingán, Mich., a 21 de abril de 2026. — Señalamientos de presunta coacción laboral y uso discrecional del contrato colectivo colocan en el centro de la polémica a la alcaldesa Fanny Arreola, luego de que en sesión de Cabildo se le acusara directamente de condicionar beneficios a trabajadores a cambio de abandonar el sindicato SUESMA.
Las acusaciones fueron formuladas por la regidora Carmen Zepeda Ontiveros, quien expuso casos concretos, con nombres, fechas y circunstancias, que —de confirmarse— apuntarían a un patrón de decisiones desde la autoridad municipal con impacto directo en derechos laborales.
Señalamientos directos: decisiones atribuidas a la alcaldesa
Durante sus intervenciones, Zepeda ha responsabilizado directamente a la presidenta municipal en el caso de la trabajadora María Gema Cruz Alemán: “la señora gema fue despedida el 16 de enero de este año, usted la despidió, Fanny… y ahora la van a jubilar. ¿Si fue despedida, cómo la jubilan?”
La regidora no solo cuestionó la ruta administrativa —despido, recontratación y jubilación al 100%—, sino que atribuyó de forma directa la decisión y sus condiciones a la alcaldesa: “la te contrató y no estoy mintiendo, condicionándola. Renuncia a suesma, quédate sin sindicato y yo te doy tu premio”.
La afirmación coloca bajo escrutinio la actuación de la autoridad municipal, al sugerir que el acceso a beneficios laborales podría estar condicionado a la renuncia de derechos sindicales.
Patrón repetido: presión para abandonar el sindicato
El señalamiento no se limita a un solo caso. Zepeda presentó también la situación de Rocío del Carmen Madrigal, trabajadora con más de tres décadas de antigüedad, a quien —según expuso— se le habría aplicado el mismo esquema: “la señora también fue despedida… y la señora rocío también se le obligó a renunciar a su sindicato quedarse sin sindicato para que la pudieran jubilar con el 100 por ciento”.
La regidora reforzó la gravedad de sus dichos al afirmar que existen elementos de prueba: “nos consta, nos consta, que hubo coacción… tenemos un video de eso, de todo lo que decimos tenemos prueba”.
De corroborarse, estos casos no serían hechos aislados, sino indicios de una práctica reiterada dentro de la administración municipal.
Uso selectivo del contrato colectivo: el eje de la contradicción
Otro de los puntos críticos expuestos en Cabildo apunta directamente al manejo del contrato colectivo del SUESMA. Mientras el gobierno municipal mantiene un conflicto abierto con el sindicato, dicho instrumento estaría siendo utilizado para otorgar beneficios específicos.
“Quiero saber también en base con que tabulador se está basando para darles el 100 por ciento, ¿no es acaso en el contrato colectivo de suesma, el mismo que quiere desbaratar y deshacer?”
La acusación sugiere una doble vía: por un lado, debilitar al sindicato; por otro, aprovechar sus condiciones para beneficiar selectivamente a ciertos trabajadores, lo que abre cuestionamientos sobre la legalidad y equidad en la aplicación de dichas prestaciones.
Responsabilidad política bajo presión
Los señalamientos colocan a la alcaldesa en una posición de alta presión política, al atribuirle decisiones que, de confirmarse, implicarían no solo un manejo discrecional de recursos humanos, sino posibles vulneraciones a derechos laborales fundamentales.
El señalamiento de que los beneficios podrían depender de la desvinculación sindical introduce un elemento particularmente delicado: la posible utilización del aparato administrativo como mecanismo de presión.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, la alcaldesa Fanny Arreola no ha emitido una postura pública específica sobre los casos expuestos en Cabildo.
En tanto, el conflicto con el SUESMA continúa sin resolverse, y las acusaciones elevan el nivel del debate: de una disputa laboral a un cuestionamiento directo sobre el ejercicio del poder dentro del gobierno municipal.
