Senadores de la Comisión de Género exigen justicia para mujeres víctimas de feminicidio

Ciudad de México, a 25 de julio de 2022.- Las Senadoras y el Senador de la República, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, exigen justicia y condenan los hechos de violencia contra las mujeres acaecidos en el país víctimas de feminicidio y expresaron sus condolencias a sus familiares.

“Compartimos con la sociedad y, en especial con las mujeres del país, la indignación por los feminicidios que a diario se conocen por las denuncias de sus familiares o de las organizaciones de la sociedad civil. Mujeres de todas las edades, estudiantes, trabajadoras, buscadoras de sus familiares desaparecidos, activistas, artistas, académicas, periodistas, que a lo largo del país son víctimas de la violencia machista y misógina y revictimizadas por las autoridades omisas en el cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, indicaron que como integrantes de dicha Comisión han planteado que “las autoridades no actúan conforme al principio legal de la buena fe, que implica la credibilidad en el dicho de las víctimas y, al contrario, ponen en entredicho o minimizan los hechos denunciados por las mujeres; que las autoridades no consideran “suficientes” las violencias que viven para otorgarles medidas de protección”.

“Que hay violencia institucional cuando las funcionarias y funcionarios públicos no garantizan la protección integral de las mujeres víctimas de violencia cuando no atienden sus demandas de protección, restándole validez a sus solicitudes; que hay ausencia de protocolos de prevención e investigación o falta de aplicación en los casos de violencia contra las mujeres; que no hay claridad en las declaraciones de las autoridades sobre el curso de las denuncias de las mujeres y las investigaciones consecuentes; que las investigaciones no se realizan con la debida diligencia y que este cúmulo de omisiones y negligencias, conlleva en muchos casos a la privación de la vida de las mujeres”, manifestaron.

Precisaron, que como Comisión realizaron una reforma profunda e integral al capítulo de órdenes de protección, fundamentales para las mujeres, sus hijas e hijos que viven hechos de violencia, “pero las mismas siguen sin ser otorgadas de manera oportuna y en muchas Entidades no se realizaron los cambios legislativos necesarios, para poner acorde sus legislaciones con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Comentaron que los casos de Cecilia Monzón, Debanhi Escobar, Luz Raquel Padilla, Brenda Jazmín, Estefany, Akemy, Alma Rosa, Angélica, Adilene, Anahí, son sólo algunos de los feminicidios que se han conocido en las últimas semanas a través de la prensa nacional.

“Feminicidios que nos indignan porque demuestran que las Fiscalías estatales siguen siendo omisas ante las denuncias de las mujeres y actuando sin perspectiva de género en la investigación de los feminicidios. Como ya lo hemos sostenido, un componente fundamental del feminicidio es la impunidad: cada víctima dejada en la indefensión por las autoridades; cada denuncia no investigada; cada orden de protección no emitida; cada feminicida no juzgado y condenado, envía el mensaje cultural de que la violencia contra las mujeres está permitida en nuestro país”.

“Como mujeres, nos duele el miedo y el terror que sienten hoy las niñas y las

mujeres en nuestro país; nos duele el dolor de las madres y padres de las víctimas de feminicidio y nos duele la situación de desprotección en que quedan las hijas y los hijos de las víctimas de feminicidio. Y en este sentido, nos indignan casos como el de Luz Raquel Padilla, en el que confluyen el feminicidio con hechos discriminatorios y atentatorios de la dignidad de su hijo menor de edad en situación de autismo”.

Por lo anterior, exhortaron:

A las autoridades estatales a que ejecuten de manera diligente, eficaz e inmediata, las políticas públicas a las que están comprometidas en sus Programas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradica la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Así como a evaluar el cumplimiento de las diferentes autoridades obligadas a la realización de dichas políticas en base a sus Leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A las Fiscalías estatales a que de manera urgente y sin dilación capaciten a todo su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y atención con la debida diligencia. También, a que fortalezcan los controles internos que permiten detectar al personal de las Fiscalías que incurren en omisión de sus obligaciones como funcionarias o funcionarios estatales y enfrenten las consecuencias correspondientes.

A las autoridades estatales que atiendan a las víctimas sobrevivientes de las mujeres víctimas de feminicidio para que dicha atención se realice con enfoque de derechos humanos, especializado y diferencial. Atendiendo de manera específica a las niñas, niños y adolescentes en base al principio del interés superior de la infancia y aplicando el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.

Así como a fortalecer la profesionalización de la policía estatal y municipal, para que actúen con la debida diligencia ante las situaciones de riesgo de las mujeres.

A los Poderes legislativos de las Entidades Federativas a que realicen las reformas legislativas necesarias en sus Leyes Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección.