Reyes Galindo condena presiones externas hacia el Congreso para que se apruebe la Cuenta Pública 2020

Morelia, Michoacán; 3 de mayo de 2021.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza, condenó los intentos del ex gobernador de Michoacán por presionar a algunos legisladores del Congreso estatal para que le aprueben la Cuenta Pública 2020, la cual ya fue reprobada por la mayoría legislativa el pasado jueves por la noche.

“Esta Cuenta Pública fue rechazada porque se encontró un cúmulo de irregularidades que deben ser revisadas a fondo y es el resultado del mal gobierno que se vivió en la entidad en la pasada administración estatal, por eso exigimos que Aureoles Conejo de la cara, más allá de presiones que intenta ejercer a algunos diputados, que salga a la luz pública y explique qué hizo con el dinero de las y los michoacanos”, indicó el legislador del PT.

El diputado por el Distrito 22 de Múgica, agregó que desde el poder legislativo se buscará que se finquen responsabilidades a quienes cometieron desfalco y mal uso del recurso público, para que se haga justicia para aquellos que creyeron y fueron defraudados.

“Desde el Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se suma al llamado del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, para que respeten la autonomía del poder legislativo y los congresistas decidan libremente sobre la Cuenta Pública 2020 o cualquier otro tema que sea de nuestra competencia”, expresó.

Reyes Galindo, indicó que el PT va a reiterar su voto en contra de esta Cuenta Pública este martes cuando se reanude la sesión, porque desde su perspectiva hubo un uso irregular en el presupuesto y recordó que durante la revisión que realizó la

Auditoría Superior de Michoacán, fueron emitidos 456 informes por presuntas irregularidades en el año 2020, tiempo en que el poder legislativo local autorizó un presupuesto por 75.9 mil millones de pesos, que creció a 82.7 mil millones por incrementos de recursos federales.

Con dicha fiscalización quedó en evidencia que la administración silvanista no ejerció la totalidad del recurso que tenía en sus manos, por lo que quedaron pendientes más de 4 mil millones de pesos.