Propone Reyes Galindo agravar delitos contra docentes en Michoacán

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Reyes Galindo Pedraza,  coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, puso sobre la mesa legislativa una propuesta para reformar el Código Penal del Estado,  en la que establezcan agravantes y sanciones más severas para los delitos cometidos contra maestras y maestros en ejercicio de sus funciones. 

"La presente propuesta tiene como finalidad reformar diversas disposiciones de la legislación estatal, particularmente del Código Penal, con ello se busca fortalecer la seguridad y protección jurídica del magisterio, generar un efecto disuasivo frente a la violencia escolar y reafirmar y reconocer la importancia social de la función docente", explicó ante el pleno el lider de la bancadadel PT.

Señaló, que este planteamiento agrega un párrafo quinto al artículo 64 del Código Penal de esta entidad que menciona siguiente: "Cuando los delitos de lesiones, amenazas, privación ilegal de la 
libertad, extorsión, ataques al honor y homicidio, se cometan en contra docentes y el personal de apoyo y asistencia a la educación en el ejercicio de sus funciones y se determine que la causa que dio origen al hecho ilícito se derivó de su labor educativa, la pena aplicable se incrementará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo".

Asimismo, indicó que se busca modificar un párrafo en la Ley de Educación del Estado, en donde se menciona que en caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, los padres de familia o tutores legales, autoridades educativas, tengan conocimiento de algún hecho violento o delito en agravio de los educandos, estarán obligados a informar a la autoridad correspondiente, mediante mecanismos accesibles y confidenciales que garanticen la integridad y seguridad de docentes y el personal de apoyo a la educación".

Reyes Galindo,  enfatizó que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la integridad y seguridad de docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante medidas de que aseguren entornos escolares libres de violencia y bienestar físico, emocional y laboral, así como establecer sanciones administrativas y, en su caso dar vista a las autoridades penales competentes, de quienes cometan lesiones, amenazas, agresiones físicas, verbales o psicológicas contra el personal docente dentro del ámbito escolar, y en caso de las autoridades educativas sean omisos, serán sujetas a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Asimismo, dijo que también se contempla la protección a docentes y el personal de apoyo y asistencia a la 
educación, frente a acusaciones dolosas, infundas, falsas y malintencionadas, además de reconocer en todo momento el derecho a la presunción de inocencia cuando sean señalados por presuntos hechos que se encuadren en faltas administrativas y/o delitos, hasta que se declare su responsabilidad mediante resolución o sentencia firme de la autoridad competente, asegurando su derecho al debido proceso.

El legislador,  recordó que un hecho reciente de violencia  contra personal docente y profundamente lamentable, ocurrido en Lázaro Cárdenas, lo que puso de manifiesto la gravedad de esta problemática, cuando el día 24 de Marzo se les arrebató la vida a dos maestras por un alumno, este suceso no solo conmocionó a la comunidad educativa, si no que evidenció una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la violencia ha permeado espacios escolares poniendo en riesgo la integridad y vida del personal educativo.

Actualmente, el marco jurídico del Estado de Michoacán no contempla agravantes específicas cuando los delitos son cometidos en contra de docentes por razón de su función educativa. Esta omisión normativa limita la capacidad del Estado para brindar una protección efectiva al personal educativo, pese a que su labor es esencial para garantizar el derecho humano a la educación.

Por ello, explicó que resulta necesario establecer un esquema de protección penal reforzada que reconozca como circunstancia agravante el hecho de que los delitos se cometan contra maestras y maestros debido a su función docente, y estas reformas responden a una necesidad social apremiante y a la obligación constitucional del Estado de garantizar entornos seguros para el desarrollo educativo, promoviendo el respeto, la dignidad y la paz social en las comunidades escolares.

"El Partido del Trabajo, fiel a su vocación histórica de lucha junto a los trabajadores y trabajadoras de la educación, asumimos una vez más la responsabilidad de alzar la voz donde otros guardan silencio. Esta iniciativa no es una proyecto de escritorio, sino el resultado de años de acompañamiento, de escucha y de convicción. Porque defender a quienes enseñan es también defender al pueblo.", concluyó el diputado.