Morelia, Michoacán, 09 de Noviembre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez presentó una iniciativa de Ley para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes por violencia sexual.
Cuando una niña, niño o adolescente sea víctima de un hecho que pudiera constituir violencia sexual y la persona señalada sea menor de doce años de edad, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán garantizar la continuidad de las medidas de protección y atención que correspondan a la víctima, con independencia de la responsabilidad jurídica que pudiera corresponder a la persona señalada, detalló
Asimismo, -explicó-, en los casos de violencia sexual que involucren el uso de tecnologías de la información y comunicación, deberán adoptar las medidas de protección y atención necesarias para evitar la continuidad de la vulneración de derechos y prevenir la revictimización de niñas, niños y adolescentes.
Esta iniciativa propone mejorar la coordinación de las autoridades y prevenir la revictimización.
Y es que, hablar de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es hablar de una de las formas más graves de vulneración de sus derechos.
No solamente afecta su integridad física y emocional; puede tener consecuencias profundas en su desarrollo, en su seguridad, en su vida familiar, escolar y social, y en su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Por eso, cuando una niña, niño o adolescente enfrenta una situación de violencia sexual, la respuesta del Estado no puede limitarse a determinar si existe o no una responsabilidad jurídica. El Estado tiene también la obligación de proteger, atender, acompañar y restituir los derechos de quien ha sido víctima.
Actualmente, Michoacán cuenta con disposiciones que reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en contextos libres de violencia, contempla mecanismos de atención inmediata y establece la intervención coordinada de distintas instituciones frente a casos de violencia sexual.
Sin embargo, existen escenarios que requieren una respuesta institucional más específica.
El primero se presenta cuando la persona señalada por un hecho de violencia sexual también es una niña o un niño, particularmente cuando es menor de doce años.
En estos casos debemos ser muy claros: proteger a la víctima y proteger los derechos de la persona menor de edad señalada no son objetivos contradictorios.
Una niña o un niño menor de doce años no puede ser tratado bajo las mismas reglas que una persona adulta. La legislación reconoce un régimen jurídico especial y establece que, cuando sus derechos puedan estar amenazados o vulnerados, deben intervenir las instituciones encargadas de su protección. Pero esto no significa que la víctima quede sin respuesta.
La iniciativa busca precisamente evitar que la edad de la persona señalada se convierta en una razón para detener o debilitar las medidas de protección y atención que necesita la víctima.
Se propone incorporar una ruta específica en la legislación de derechos de niñas, niños y adolescentes para que, cuando la persona señalada sea menor de doce años, se mantengan las medidas de protección y atención correspondientes a la víctima y, al mismo tiempo, se dé vista a la Procuraduría de Protección competente cuando exista una posible vulneración de derechos de la niña o niño señalado.
Brissa Arroyo es Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en el Congreso de Michoacán en la 76 Legislatura e integrante de las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, así como de Gobernación.









