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MensajearZitácuaro, Mich., a 9 de abril de 2026.— El 14 de julio de 2017 no fue una fecha menor para la política michoacana. Ese día, el Congreso del estado determinó inhabilitar por dos años a Juan Carlos Campos Ponce, exalcalde de Zitácuaro entre 2012 y 2015, tras encontrarlo responsable de nepotismo y malversación de recursos públicos. La resolución se dio en medio de un expediente cargado de irregularidades financieras estimadas hasta en 200 millones de pesos, denuncias acumuladas y un manejo administrativo que dejó más preguntas que respuestas.
Las cifras que acompañaron su caída no fueron menores. La Auditoría Superior de Michoacán documentó alrededor de 70 millones de pesos no comprobados en los primeros años de su gestión, a los que se sumaron otros 100 millones correspondientes al cierre de su administración, configurando un posible boquete de aproximadamente 170 millones de pesos.
Paralelamente, denuncias ciudadanas elevaron el monto hasta los 200 millones, mientras que autoridades municipales posteriores hablaban de al menos 150 millones como daño directo al erario que debía ser reintegrado.
A esto se agregaron decenas de denuncias —38 en total—, la implicación de al menos siete colaboradores cercanos y observaciones por retención de cuotas al ISSSTE, pagos en exceso en obra pública y recursos sin justificar documentalmente.
El caso no solo se sostuvo en cifras, sino también en hechos que el propio exedil reconoció públicamente. Campos Ponce admitió haber incurrido en nepotismo al integrar a su esposa —quien cobraba en el DIF pese a tratarse de un cargo honorario—, a su cuñado en una dirección municipal con amplios recursos y a varios familiares más dentro de la nómina. Lejos de matizar, minimizó la práctica al asegurar que “no era tan grave”, sugiriendo que se trataba de una conducta extendida en la función pública. Más delicado aún fue su reconocimiento de haber solicitado “moches” para liberar recursos de programas, una práctica que intentó justificar como común, aunque afirmó haber desistido posteriormente.
Sin embargo, a pesar del volumen de señalamientos y de la sanción política que lo apartó temporalmente del servicio público, el caso nunca tuvo un cierre penal contundente. No existe hasta hoy una sentencia firme que esclarezca el destino de los recursos observados ni un registro público de recuperación significativa del dinero. El expediente quedó así suspendido en una zona gris: castigado administrativamente, pero sin una conclusión judicial que disipara las dudas de fondo.
Hoy, ese mismo personaje reaparece. Y no lo hace en silencio. Ya fuera del PRI y bajo el cobijo de Morena, Campos Ponce ha comenzado a reconstruir su presencia política, enviando señales claras de reposicionamiento. La más reciente no pasó desapercibida: una publicación en redes sociales donde presume colaboración en proyectos estratégicos junto a Claudia Godoy, a quien identifica como figura clave en iniciativas relevantes y, además, hija de Ernestina Godoy.
En política, las imágenes rara vez son inocentes. La fotografía, acompañada de un mensaje de agradecimiento y trabajo conjunto, no solo muestra cercanía, sino que proyecta acceso a círculos de poder vinculados a la procuración de justicia. El contraste es inevitable: un exalcalde inhabilitado por el manejo irregular de recursos públicos millonarios que hoy reaparece vinculado al partido gobernante y exhibiendo proximidad con el entorno de una de las figuras más relevantes del aparato de justicia.
El regreso de Juan Carlos Campos Ponce no es únicamente el de un político que busca reinsertarse. Es también el reflejo de un sistema donde las sanciones pueden diluirse con el tiempo y donde los expedientes, incluso los más voluminosos, no siempre terminan por cerrarse.
Porque más allá de la fotografía, lo que permanece sin respuesta es lo esencial: qué ocurrió con el dinero, quién asumió realmente la responsabilidad y por qué, pese a todo, el pasado oscuro parece no ser un obstáculo para volver al presente político.
