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MensajearCiudad de México, a 11 de noviembre de 2025.— La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, encendió este martes las alarmas en el Congreso al presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en Michoacán, al considerar que la entidad vive un colapso institucional marcado por violencia extrema y ausencia de control gubernamental.
Apelando a la facultad del artículo 76, fracción V, de la Constitución, Ortega Pacheco advirtió que las condiciones actuales en el estado “cumplen sobradamente” los supuestos para que la Federación intervenga de manera extraordinaria.
Asesinato de alcaldes, extorsiones y dominio criminal
En su exposición, la legisladora recordó que durante el gobierno del mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla han sido asesinados siete presidentes municipales, además de dos empresarios, así como innumerables productores víctimas de extorsión y comunidades enteras sitiadas por grupos criminales. A ello se suman secuestros, enfrentamientos armados y amenazas sistemáticas contra autoridades locales.
El crimen que detonó el llamado de MC fue el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, hecho que —según Ortega— exhibe la falta de respuesta del gobierno estatal frente a reiteradas solicitudes de apoyo federal y denuncias de posible colusión entre funcionarios y organizaciones delictivas.
La vida democrática de Michoacán está en riesgo
La diputada sostuvo que la situación actual impide la vigencia del Estado de Derecho, al grado de que instituciones municipales y sectores productivos operan bajo presión o control directo del crimen organizado.
Movimiento Ciudadano respaldó la postura de su coordinadora y reiteró que el Senado debe actuar ante el grado intolerable de inseguridad que vive la región, donde la violencia contra autoridades municipales se ha intensificado desde 2021.
Ortega Pacheco concluyó que la desaparición de poderes es la única vía para restablecer la gobernabilidad y frenar la expansión de grupos criminales que, dijo, operan con absoluta impunidad ante la inacción del gobierno local.
